En el Perú, el talento para reinventarse no siempre está al servicio del emprendimiento honesto. A veces, se usa para bordear la ley, burlar a la justicia y convertir la prisión preventiva en un recuerdo lejano. Martín Vizcarra, el expresidente que juró combatir la corrupción y terminó engullido por ella, vuelve a la escena con un libreto tan viejo como efectivo: construir un “arraigo laboral” a la medida, esta vez, desde un negocio inmobiliario familiar que, casualmente, florece justo cuando su futuro judicial está en juego.
La historia, documentada por Perú21, parece un guion de comedia negra. La empresa Urbaniza 3D SAC, propiedad de su esposa Maribel Díaz y de sus hijas, ha puesto en venta 190 lotes en una pampa casi desértica de Moquegua, con precios que van desde 125,000 hasta 300,000 soles. Vizcarra, lejos de alejarse para evitar suspicacias, aparece en videos promocionando el proyecto Andaria como “ingeniero civil”, en un contrato firmado el mismo día en que debía justificar ante un juez su arraigo laboral. Pura casualidad, por supuesto.
No es un terreno cualquiera. Según Sunarp, el predio fue adquirido originalmente por la empresa de sus hermanos César y Mario Vizcarra, y transferido a la firma de su esposa por un valor muy inferior al que ellos pagaron. Los mismos hermanos que, dicho sea de paso, figuran en investigaciones fiscales por concertar contratos irregulares en obras públicas y que, en los planes políticos del “lagarto” —apodo ganado a pulso—, podían incluso reemplazarlo como candidato si las tres inhabilitaciones hasta el 2031 lo dejaban fuera del juego electoral.
Para el fiscal Germán Juárez Atoche, esta estrategia roza la burla. Los contratos que Vizcarra presentó para librarse de la prisión preventiva provenían de empresas controladas por su entorno directo. Pero en el Perú, la línea entre lo legal y lo inmoral es tan difusa que un documento firmado en la víspera basta para torcer la balanza. La primera vez, el juez Víctor Alcocer lo dejó libre en cuestión de horas. La apelación anuló esa decisión y ahora el juez Jorge Chávez Tamariz revisará el caso este 13 de agosto.
En paralelo, el partido Perú Primero, vitrina política de Vizcarra, registra en 2024 ingresos cuatro veces mayores que en 2023: de poco más de 102,000 soles a 534,000, según la rendición presentada al JNE. Los fondos provienen, en gran parte, de un reducido grupo de aportantes recurrentes, mientras el gasto se concentra en comunicación, asesoría, logística y publicidad. Que cada quien saque sus conclusiones sobre la sincronía entre un boom inmobiliario familiar y el repunte financiero del partido.
Vizcarra, que llegó al poder vendiéndose como el adalid contra la corrupción, parece haber encontrado en la venta de lotes una nueva especialidad: urbanizar pampas y, de paso, urbanizar también su imagen judicial. La operación es redonda: los terrenos generan liquidez, fortalecen el partido y, de paso, le dan el pretexto perfecto para decir que “trabaja” y no puede ir a prisión preventiva. Todo queda en familia y, si algo sale mal, siempre hay un hermano, una esposa o una cooperativa dispuestos a dar una mano.
Reflexión final
En otros países, las investigaciones fiscales y los indicios de triangulación patrimonial son motivos para que un político se aleje de la vida pública. En el Perú, parecen ser requisitos para mantenerse en ella. Martín Vizcarra no solo ilustra la elasticidad de nuestras leyes, sino también la resistencia de una cultura política donde el ingenio se mide por la capacidad de esquivar consecuencias. Y mientras la justicia se toma su tiempo entre audiencias y reprogramaciones, los lotes en Moquegua siguen en oferta. Porque aquí, la única obra que nunca se detiene es la construcción de la impunidad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra