En el Perú, los ciudadanos esperan años para que el Estado les pague una deuda judicial. La presidenta Dina Boluarte casi logra saltarse toda la fila. Su objetivo: cobrar más de S/239,000 al Estado por una demanda laboral contra su antiguo empleador, el Reniec, por conceptos como refrigerios, transporte, aguinaldos, uniformes, bonos y hasta canastas navideñas.
El Poder Judicial le cerró el paso… por ahora. Pero la sola existencia de este intento revela que, en Palacio de Gobierno, las prioridades personales pueden avanzar más rápido que las urgencias nacionales.
La historia arranca en 2020. Boluarte demandó al Reniec reclamando beneficios acumulados por más de S/428 mil. Tras apelaciones, el monto quedó en S/239,674. El caso llegó a casación, pero eso no impidió que, en 2023 —ya como presidenta— solicitara programar el pago.
Según el programa político Panorama, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó este desembolso en la lista priorizada bajo la figura de “ejecución anticipada de sentencia”. En un país con miles de personas esperando años por pagos similares, esto equivale a abrir un carril exclusivo, de uso restringido, para la inquilina de Palacio.
El MEF negó presiones. Pero en política, las prioridades no se demuestran con comunicados, sino con hechos. Y el hecho es que el caso de la presidenta estuvo a un paso de convertirse en una transferencia exprés mientras los acreedores comunes siguen en lista de espera.
Aquí no hablamos de un derecho laboral en abstracto, sino del contexto y del cargo. Una presidenta que gana 35,568 soles al mes, que viaja al extranjero con delegaciones numerosas, que autoriza gastos de representación y banquetes en Palacio, impulsando al mismo tiempo un pago personal millonario, envía un mensaje inequívoco: la prioridad no es el país, es la cuenta propia.
El patrón se repite. En un año y medio de gestión, los gestos hacia el bienestar personal han sido claros: aumento de sueldo, viajes con gasto público y ahora un litigio para asegurar un beneficio propio. Todo esto mientras la inseguridad crece, los hospitales se desabastecen y las regiones reclaman por obras inconclusas.
Y no es menor el precedente: si la máxima autoridad del país aprovecha el aparato del Estado para adelantar cobros personales, ¿qué pueden esperar los ciudadanos comunes que no tienen línea directa con el MEF ni el respaldo de una banda presidencial?
El Poder Judicial ha detenido el pago, pero no ha detenido el daño político. El caso deja claro que la ética no se mide por lo que la ley permite, sino por lo que un gobernante decide no hacer cuando el beneficio propio está en juego. En esta ocasión, la presidenta ha mostrado que su turno en la fila no lo marca la justicia social, sino su propio interés.
Reflexión final
En el Perú, la cola para cobrar una deuda del Estado es eterna… salvo que uno tenga acceso al pasadizo de Palacio. El episodio de la presidenta no es solo un trámite judicial: es una radiografía de prioridades. Mientras millones esperan por salud, seguridad y empleo, en la cima del poder se busca cobrar primero. Y esa, lamentablemente, es la única “política de Estado” que parece funcionar sin retrasos.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra