En un país donde el presupuesto para comprar aviones de guerra, viajes presidenciales se aprueban en cuestión de días, pero un botiquín de parto de emergencia demora años en llegar, no debería sorprender que una niña de 13 años muera dando a luz en el piso de su casa, en Piruro, Huánuco. No hubo médico, no hubo ambulancia, no hubo Estado. Hubo, sí, abandono, negligencia y un silencio oficial que insulta a cualquier noción de justicia. Esta muerte no es un accidente, es la consecuencia predecible de décadas de políticas que desangran las zonas rurales para inflar la burocracia central.
La madrugada del 1 de agosto, la menor se desangró por una hemorragia posparto, una complicación obstétrica tan conocida como prevenible. Pero en Piruro, como en decenas de distritos olvidados, el derecho a la salud es una utopía: no existe un centro obstétrico operativo, el transporte de emergencia se reduce a una balsa o a caminar horas por trochas, y el personal de salud es insuficiente para cubrir siquiera las guardias mínimas. En estas condiciones, hablar de “acceso universal” a la salud es un chiste cruel.
Unicef fue clara: esta muerte era totalmente prevenible. Las cifras nacionales confirman la magnitud del problema: el 14% de las muertes maternas en 2024 correspondieron a niñas y adolescentes menores de 19 años. La tendencia es persistente, y sin embargo, el Ministerio de Salud se limita a lamentar y “reforzar” programas que en la práctica no llegan a las comunidades más aisladas. Un especialista en salud pública lo resumió sin rodeos: “No se trata de que no sepamos qué hacer, sino de que no se quiere hacer; las prioridades están en otro lado”.
El Estado peruano tiene un discurso obsesionado con la “reactivación económica” y la “seguridad ciudadana”, pero ignora que la seguridad más básica es la de sobrevivir al embarazo y al parto. Si se trata de construir cuarteles o comprar equipos antidisturbios, los recursos aparecen como por arte de magia. Si se trata de garantizar que una adolescente no muera desangrada en su propia casa, la respuesta es un silencio burocrático.
Para agravar el cuadro, la fiscalía investiga si la menor fue víctima de violencia sexual, una realidad que, de confirmarse, sumaría una capa más de indignación a un sistema que no solo la abandonó en el parto, sino que probablemente la abandonó mucho antes, cuando más necesitaba protección. El bebé, ahora al cuidado de su abuela, ha heredado una vida marcada por la pobreza estructural y el riesgo sanitario que mató a su madre.
Piruro no es una excepción, es la norma en las provincias invisibles para Lima. La muerte de esta niña evidencia que el gobierno de Dina Boluarte es incapaz de garantizar lo elemental: que una menor no muera por una causa prevenible. No se trata de falta de diagnósticos, sino de prioridades mal trazadas y de un Estado que parece más interesado en sostener la maquinaria política que en proteger la vida de sus ciudadanos más vulnerables.
Reflexión final
Un país que deja morir a sus niñas mientras gasta millones en armas y viajes oficiales no está en crisis sanitaria: está en crisis moral. Si el presupuesto se mide en helicópteros y no en vidas salvadas, entonces la hemorragia no está solo en Piruro: está en todo el sistema. Y esa, a diferencia de la hemorragia posparto, no tiene médico que la atienda, porque los responsables están cómodamente sentados en Palacio.
Por Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra