Javier Velásquez Quesquén, precandidato presidencial por el APRA, ha prometido que, si llega al poder, una de sus primeras tareas será exigir que Dina Boluarte responda políticamente por las muertes en Puno y Ayacucho durante las protestas de 2022 y 2023. Habla de 50 fallecidos, de órdenes políticas y de responsabilidades que no pueden cargarse únicamente a policías y militares. Pero la rendición de cuentas de Boluarte no se limitará a ese episodio: su gestión dejará una lista de deudas con el país que se acumulan mientras las organizaciones criminales avanzan y el Estado parece rendido.
Velásquez Quesquén afirma que no se puede justificar el uso de la fuerza letal como norma para controlar la protesta social y rechaza etiquetar de terroristas a quienes reclamaron en el sur. La distinción entre protesta legítima y violencia es necesaria, pero en el Perú actual, el problema es doble: un gobierno sin un plan político sólido y un Estado que ha cedido espacio al crimen organizado.
En materia de seguridad, el país está tomado por bandas que extorsionan, secuestran, asesinan y cobran cupos con la misma regularidad con que se pagan impuestos. El desgobierno es tal que, mientras las calles se disputan a balazos, el Ejecutivo sobrevive sin una estrategia nacional contra la criminalidad. Las masacres de Puno y Ayacucho son parte de un mismo cuadro: un Estado que responde tarde, mal o con violencia desproporcionada, pero que nunca ataca las causas.
Velásquez Quesquén apunta a un debate honesto sobre lo ocurrido. Sin embargo, la justicia que promete en un eventual gobierno aprista llega con fecha lejana: 28 de julio de 2026, cuando Boluarte deje el cargo. Hasta entonces, las respuestas quedarán atrapadas en discursos y promesas, mientras el país se hunde en una crisis de seguridad, gobernabilidad y confianza institucional.
Y es que no se trata solo de los muertos en la represión. Boluarte deberá explicar qué hizo —o no hizo— frente al avance del crimen organizado, por qué no articuló un plan de gobierno capaz de estabilizar el país, y cómo permitió que la inseguridad se consolidara como el principal poder territorial en varias regiones.
El pedido de Velásquez Quesquén no es menor: responsabilizar políticamente a una presidenta por decisiones letales durante su mandato. Pero más allá de la promesa aprista, el reto será que, en 2026, no se repita la historia de tantos otros casos donde las cuentas pendientes se diluyen en pactos, alianzas y olvidos. La justicia, para serlo, no puede depender de la coyuntura electoral.
La rendición de cuentas no es un gesto político, es una obligación democrática. Dina Boluarte tendrá que responder por Puno y Ayacucho, pero también por un país que, bajo su mandato, quedó a merced del crimen organizado y sin un rumbo claro. La fecha está marcada: 28 de julio de 2026. La pregunta es si, para entonces, el Perú seguirá esperando justicia o si ya habrá aprendido —una vez más— que en política, las promesas de verdad suelen tener fecha de vencimiento.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra