La prisión preventiva dictada contra Martín Vizcarra confirma un patrón que ya es parte de la identidad política del Perú: presidentes que entran al poder como salvadores y salen del cargo como acusados. Vizcarra, que enarboló la lucha anticorrupción como bandera, enfrenta cargos por presuntos sobornos recibidos durante su etapa como gobernador de Moquegua. Con él, ya son cinco los exmandatarios peruanos encarcelados en las últimas tres décadas. Y la estadística amenaza con crecer: Dina Boluarte, cercada por investigaciones fiscales y denuncias en curso, podría estar encaminando su futuro más hacia Barbadillo que hacia una jubilación política.
El caso de Vizcarra es emblemático no por su singularidad, sino por su repetición. Se le acusa de cohecho pasivo propio en dos proyectos emblemáticos: Lomas de Ilo y la ampliación del hospital de Moquegua. La Fiscalía pide hasta 15 años de cárcel y el juez ha considerado que existe riesgo procesal suficiente para enviarlo a prisión preventiva.
La fotografía del presente es idéntica a la de sus predecesores: Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski y Castillo. Distintas ideologías, mismos resultados: campañas financiadas con dinero de origen dudoso, redes clientelares, contratos direccionados y licitaciones hechas a medida. En el Perú, el “poder” parece funcionar como un acelerador de investigaciones judiciales… siempre después de dejar el cargo.
Esta tendencia revela un problema estructural: partidos que solo existen para la contienda electoral, un sistema de control político ineficaz y una justicia que actúa como sepulturera de gobiernos, pero nunca como vigilante mientras gobiernan. La rendición de cuentas no es preventiva, es póstuma. Y en ese vacío, la corrupción deja de ser riesgo y se convierte en método.
El panorama actual no augura un cambio. Dina Boluarte gobierna sin un plan de gobierno articulado, con un país tomado por organizaciones criminales y con la institucionalidad en modo supervivencia. Si algo nos enseña la historia reciente es que los expedientes más voluminosos contra los presidentes no se abren en sus primeros cien días, sino en los cien posteriores a dejar Palacio.
La prisión preventiva de Martín Vizcarra no es una excepción; es una confirmación de que el Perú vive atrapado en un ciclo de corrupción política que ningún gobierno ha roto. La justicia llega tarde, los daños a la confianza ciudadana son irreversibles y la lista de expresidentes presos es un récord que, lejos de avergonzar a la clase política, parece no disuadir a sus herederos.
En el Perú, el camino de Palacio a Barbadillo se recorre con más frecuencia que cualquier ruta de integración nacional. El verdadero desafío no es evitar que otro presidente termine preso; es impedir que asuma el cargo alguien que ya lleva en el bolsillo la llave de su futura celda. Mientras no se aborde el problema de raíz —la corrupción estructural y la ausencia de controles efectivos—, seguiremos batiendo récords… pero no de desarrollo ni de gobernabilidad, sino de prontuarios presidenciales.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra