En el Perú actual, el crimen no espera —avanza. Y mientras lo hace, el Estado responde languideciendo en su propia decadencia. De los 20,480 vehículos asignados a la Policía Nacional, un abrumador 40 % está inservible, lo que deja apenas 12,291 unidades operativas. Esa flota, tan reducida, solo alcanza para patrullar el 20 % del territorio, mayormente Lima y Callao, según advirtió el general (r) Eduardo Pérez Rocha. Es decir, el Perú tiene kilómetros de tierra sin presencia policial efectiva, entregados al crimen sin resistencia.
Mientras las bandas criminales se expanden como franquicias del miedo, el Ejecutivo de Dina Boluarte actúa como si sus prioridades fueran otras: autos de lujo para mandos militares, aviones de guerra que no aterrizan en zonas de emergencia y rescates a empresas estatales quebradas como Petroperú. Incluso, se gastan recursos en giras presidenciales a modo de exhibición internacional. Todo ello mientras los policías se bajan de vehículos oxidados, con chalecos desactualizados y sin repuestos.
Es visible la desconexión entre el discurso oficial y la cruda realidad: no hay plan de seguridad, no hay estrategia, solo anuncios huecos que no detienen ni a un ladrón, menos a una banda organizada. Como dijo el criminólogo Carlos Basombrío, “el crimen organizado ya no es una amenaza, ha ganado el territorio que el Estado decidió abandonar”. Ese territorio, lleno de abandono, es donde el hampa opera con libertad.
Además, los informes de la Contraloría revelan que las comisarías —unas 695 auditadas en todo el país— registran más de 8,755 situaciones adversas, incluyendo falta de radios, chalecos antibalas, infraestructura deficiente, y ausencia de protocolos mínimos del gobierno. Es decir, no solo carecen de vehículos, sino también de las condiciones básicas para operar con dignidad y eficacia.
La existencia de solo 12,291 patrulleros operativos no es una estadística aterradora por casualidad: es un símbolo de cómo este gobierno prioriza la apariencia sobre la protección. Es una afrenta a cualquier noción de deber público. Mientras se equipan generales y se financian viajes prescindibles, se abandona a la población a merced del crimen. Así de simple: el Estado ha renunciado a su principal función.
Reflexión final
No se trata ya de incapacidad técnica, sino de voluntad política. Cuando un Estado compra aviones de guerra y autos de lujo mientras deja que sus policías patrullen con bicicletas —metafóricamente hablando— significa que ha cedido el monopolio de la fuerza. Hasta que ese déficit no se revierta, el crimen seguirá gobernando donde el gobierno no cumple. Y esa es la herencia que deja este desgobierno: un país sin defensa, un pueblo desprotegido.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra