En el Perú, la corrupción no descansa, simplemente cambia de uniforme y de oficina. El nuevo capítulo, digno de un manual de cinismo institucional, viene con hélices, millones de dólares y un guion tan repetido que ya debería pagarnos derechos de autor. El Ejército Peruano esperaba helicópteros repotenciados para fortalecer su operatividad; lo que ha recibido, hasta ahora, es una demostración de ingeniería avanzada… pero en el arte de dilatar, proteger intereses y blindar contratos. La noticia no sorprende, pero indigna: la maquinaria militar, supuestamente diseñada para defendernos, parece indefensa frente a las maniobras corporativas y políticas que vuelan mucho más alto que cualquier aeronave.
La trama se resume en tres actos, todos vergonzosos.
Acto I: El contrato dorado. Más de veinte millones de dólares para repotenciar helicópteros del Ejército. Un negocio que prometía reforzar la seguridad nacional… o al menos así se justificó la inversión. Pero después de un año, la promesa sigue en tierra, y el proveedor, Milenium Veladi Corp., brilla más por su capacidad de esquivar penalidades que por cumplir.
Acto II: La danza de la conciliación. En lugar de asumir una penalidad de más de dos millones de dólares por incumplimiento, la empresa pidió “conciliación”. Traducido al castellano: ganar tiempo. Y vaya si lo logró. El abogado que debía representarla en el proceso, José Manuel Pomalaya Benites, renunció justo días antes de la reunión clave, provocando que todo quedara en suspenso. El detalle jugoso: Pomalaya no es un simple abogado, sino un exalto funcionario de la Contraloría —esa institución que debería vigilar que las cosas se hagan bien— y hoy, flamante jefe de Administración en Indeci. Una carrera que, al parecer, despega mejor que los helicópteros en cuestión.
Acto III: El Estado como copiloto complaciente. La Fiscalía Anticorrupción investiga a David Ojeda, actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y a Aldo Domínguez, exjefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, por favorecer a la empresa con recomendaciones y adendas, incluso cuando el incumplimiento era tan evidente como el ruido de un motor apagado. Y por si fuera poco, el Ejército parece dispuesto a aceptar cualquier exigencia del contratista con tal de evitar un arbitraje. El término técnico para esto es “mecida”, y no, no es exclusiva de las cunas: también arrulla contratos millonarios con fondos públicos.
Mientras tanto, el único resultado concreto es un informe negativo de control que, lejos de cortar el flujo, parece un papel más en la carpeta de un expediente que nadie quiere cerrar.
Este episodio con hélices inmóviles es la radiografía perfecta de nuestras debilidades como Estado: contratos millonarios firmados sin garantías reales de cumplimiento, funcionarios que rotan estratégicamente entre puestos clave para “acompañar” procesos y un aparato militar que, paradójicamente, se muestra desarmado frente al poder de los intereses privados. La supuesta defensa nacional termina convertida en defensa corporativa, y la factura, como siempre, la paga el ciudadano.
Reflexión final
En el Perú, los helicópteros podrán no despegar, pero los escándalos sí: vuelan alto, con combustible infinito hecho de impunidad, favores y complicidades. Y mientras el dinero público se evapora en conciliaciones eternas, lo único que verdaderamente se repotencia es el manual de cómo aprovecharse del sistema. La corrupción no necesita alas: le basta con la pasividad institucional y la memoria corta de un país que, acostumbrado a que todo se dilate, termina viendo la indignación como parte del paisaje.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra