En Lima ya no se pregunta “¿qué modelo de celular tienes?”, sino “¿cuántas veces te han robado?”. La capital del Perú se ha convertido en un gigantesco centro comercial… para los delincuentes. Según el Ministerio del Interior, los robos de celulares crecieron más del 30% en 2025. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte sigue “planeando” su llegada al 28 de julio de 2026, no con un plan de seguridad, sino con compras de aviones de guerra, autos de lujo para los generales PNP y viajes diplomáticos que solo sirven para la foto.
El ciudadano común vive en alerta permanente: en el bus, en la esquina, en la discoteca, en el mercado. Un parpadeo equivocado y tu celular desaparece como si hubiera sido abducido. Las cifras son brutales: en solo siete meses, Lima registró más denuncias que en todo 2024. Cercado, Miraflores y Surco encabezan la lista, seguidos por distritos donde la “cultura del arrebato” ya es parte del día a día.
Pero el problema va más allá del celular. La extorsión, el sicariato y el cobro de cupos se multiplican como si fueran franquicias de fast food. Y la paradoja es grotesca: mientras las mafias operan con disciplina, el Estado improvisa como estudiante que copia en el examen. La policía, sin recursos, pide chalecos y patrulleros; el gobierno responde con camionetas nuevas para generales que nunca pisan la calle.
Boluarte gobierna desde un país paralelo. Ella viaja al exterior con séquitos dignos de un monarca, mientras en Lima la gente corre para evitar una bala perdida en la calle. Sus ministros celebran coffee breaks, mientras el ciudadano celebra si regresa con vida a su casa. Petroperú traga millones, mientras los barrios son tragados por las bandas criminales. La desconexión es total: la presidenta vive blindada, el pueblo vive cercado.
Y es que en el Perú, la seguridad se convirtió en un lujo. Los poderosos tienen escoltas, carros blindados y sirenas que abren paso; los ciudadanos tienen miedo, paranoia y la certeza de que nadie los va a defender. El gobierno parece haber tercerizado la seguridad en las mafias: ellos son quienes deciden quién paga, quién camina y quién sobrevive.
El hurto de celulares es solo el síntoma más visible de un país secuestrado. La delincuencia avanza y el Estado retrocede. La indiferencia de las autoridades convierte la inseguridad en política pública: un Perú donde el ciudadano está condenado a caminar con los bolsillos vacíos y la esperanza rota.
Reflexión final
Este país ya no está en modo avión: está en modo secuestro. Los ladrones controlan las calles, las mafias los barrios y la presidenta el silencio. Mientras tanto, nosotros, los de a pie, aprendemos a vivir con la resignación de que el próximo robo no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. En el Perú de Boluarte, la pregunta no es quién gobierna, sino quién manda: y la respuesta, dolorosamente obvia, es que no es el Estado.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra