El reciente atentado en Trujillo no fue un “hecho policial” más, fue la confirmación de una verdad que se grita en las calles, pero que en Palacio de Gobierno y el Congreso prefieren tapar con discursos vacíos: el Perú ya no es gobernado por sus autoridades, sino por las mafias. El dinamismo de Los Pepes, la expansión de Los Pulpos y el avance de La Jauría evidencian que el crimen organizado no solo creció, sino que ya se instaló como el verdadero poder en el país. Mientras tanto, Dina Boluarte y su corte de ministros ornamentales sobreviven en piloto automático, obsesionados únicamente con llegar al 28 de julio de 2026.
Lo ocurrido en la avenida Perú de Trujillo, con dinamita explotando y decenas de viviendas destruidas, es la postal de lo que nos espera como país. Allí, las mafias no solo extorsionan empresarios y transportistas, sino que dictan la ley a través del miedo. Con cartas fúnebres, explosivos, amenazas grabadas en video y asesinatos selectivos, se imponen como un “Estado paralelo”. No cobran impuestos: cobran cupos. No administran justicia: ejecutan sicariatos. No necesitan burocracia: gobiernan con terror.
Mientras tanto, el gobierno central permanece en la indiferencia más peligrosa. La presidenta Boluarte sigue más ocupada en blindajes políticos, viajes al exterior, contratos innecesarios y cálculos de supervivencia que en diseñar una estrategia real de seguridad. Sus ministros, meros voceros de emergencia, aparecen después de cada explosión con declaraciones rutinarias que ya no convencen ni a sus propios funcionarios. Y el Congreso, por su parte, se dedica al eterno juego de repartirse cuotas de poder, blindar aliados y calcular su futuro electoral.
El resultado es evidente: un país donde las mafias avanzan sin freno porque el Estado es incapaz, indiferente y, en muchos casos, ausente. Lo de Trujillo no es una excepción, es una señal. Hoy la guerra es en La Libertad; mañana será en Piura, Chiclayo, Cusco o Lima. En cada región del país, el crimen organizado ya encontró terreno fértil: un Estado desarticulado, una Policía mal equipada, una Fiscalía sin respaldo y una ciudadanía que se siente cada día más sola y desprotegida.
Lo más dramático es que los criminales sí tienen un plan. Ellos saben cómo disputar territorios, cómo someter poblaciones y cómo expandir su control. En cambio, el gobierno carece de cualquier estrategia coherente. No hay políticas públicas de seguridad, no hay inteligencia criminal seria, no hay inversión real en fuerzas del orden. Lo que sí hay son compras de aviones de guerra, camionetas de alta gama para generales, viajes ministeriales y cafés diplomáticos. Prioridades de un Estado que parece estar en otro país, en otro tiempo, en otra realidad.
El Perú está en manos de las mafias. Ellas gobiernan los barrios, deciden la economía de los mercados y definen el miedo de los ciudadanos. Dina Boluarte no gobierna: administra la inacción. El Congreso no legisla: se blinda. Y la población, cada vez más acorralada, empieza a aceptar como normal vivir bajo la sombra del cobro de cupos, del sicariato y del secuestro. La pregunta ya no es si el crimen organizado se tomará el país; la pregunta es cuánto tardará en hacerlo por completo.
Reflexión final
El sarcasmo se escribe solo: las bandas criminales son hoy el único grupo en el Perú que sabe hacia dónde va. El Estado no tiene norte, no tiene plan, no tiene liderazgo. Mientras los políticos juegan a sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026, el crimen organizado despliega su estrategia nacional, consolidando el poder que el Estado abandonó. Trujillo es apenas la primera alarma; las próximas explosiones serán en otras regiones. El país ya está tomado. Y la gran ironía es que quienes juraron defenderlo son los únicos que parecen no haberse enterado.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra