El Congreso de la República ha logrado lo que parecía imposible: convertirse en la institución más repudiada de nuestra historia republicana. Con apenas un 3% de aprobación, y un rechazo que alcanza el 93%, el Parlamento no solo ha tocado fondo, sino que ha decidido instalar su oficina allí. Ante las elecciones presidenciales y parlamentarias del 12 de abril de 2026, surge una pregunta inevitable: ¿merecen estos congresistas la reelección? La respuesta no requiere encuestas ni sesudos análisis: no. Y no porque la ciudadanía esté cansada, sino porque sería un insulto a la ética más elemental premiar a quienes han hecho del poder un negocio de favores, blindajes y pactos de impunidad.
El diagnóstico es contundente. Desde enero de 2024, el Congreso no supera el 6% de aprobación, y lejos de revertir la tendencia, la agrava mes a mes. Los datos del Instituto de Estudios Peruanos revelan que la legitimidad del Legislativo se desploma como un castillo de naipes. Pero, pese a esta debacle, los congresistas siguen legislando como si fueran depositarios de la confianza nacional. Una paradoja que raya en el absurdo: se legisla sin legitimidad, se gobierna sin representación y se habla en nombre de un pueblo que les ha dado la espalda.
Los ejemplos de degradación abundan. Un Congreso donde los “mocha sueldos” cobraban comisiones de sus propios trabajadores; donde “los niños” obedecían directrices a cambio de prebendas; donde los escaños se convirtieron en agencias de empleo para familiares y allegados; donde los escándalos llegan incluso al terreno de la prostitución. Y si estos episodios resultan grotescos, lo es aún más el papel del Parlamento como salvavidas del Ejecutivo: blindajes a Dina Boluarte frente a denuncias constitucionales por más de 50 muertes en protestas, leyes que favorecen al crimen organizado, y la flamante amnistía para militares y policías investigados por violaciones a los derechos humanos. Un poder que debía ser contrapeso terminó convertido en muleta del poder presidencial.
El pacto Congreso-Boluarte para resistir hasta el 28 de julio de 2026 es la confirmación de que no se gobierna pensando en el país, sino en la permanencia. A costa de la democracia, se construye un frente común de autoprotección. La estrategia es clara: prolongar el mandato, blindarse mutuamente y administrar el tiempo como botín. No se trata ya de legislar para el bien común, sino de sobrevivir en medio de un naufragio de legitimidad.
El problema no es solo institucional, es también moral. Un Congreso que registra la peor desaprobación de la historia pretende volver a presentarse en 2026, confiado en que la memoria ciudadana se diluye y que, en medio del caos político, algunos votarán resignados por “el menos malo”. Esa lógica perversa alimenta el círculo vicioso de mediocridad y corrupción: los ciudadanos castigan en las encuestas, pero a veces premian en las urnas. Y ahí reside el verdadero riesgo.
Este Parlamento no merece la reelección, merece el veto ciudadano. No por capricho, sino por dignidad. No se puede premiar a quienes han desnaturalizado su rol, convirtiendo la representación nacional en un mercado de favores y escudos. El castigo político en 2026 debe ser ejemplar, porque de lo contrario el mensaje será devastador: que en el Perú la impunidad, la improvisación y el cinismo son premiados con un nuevo mandato.
Reflexión final
La democracia no se defiende con discursos grandilocuentes, sino con actos de responsabilidad cívica. En abril de 2026, la ciudadanía tendrá la oportunidad de ejercer un voto que no sea de resignación, sino de ruptura. Rechazar la reelección de este Congreso no es un acto de revancha, sino de higiene democrática. Porque un país que tolera un Parlamento del 3% corre el riesgo de acostumbrarse a la indignidad. Y si la memoria no castiga, la historia volverá a repetirse: con nuevos escándalos, nuevos blindajes y la misma vieja impunidad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra