El 21 de agosto de 2025, los transportistas de Lima y Callao paralizarán sus actividades. No por gusto, sino porque ya no soportan manejar entre extorsiones, cobros de cupos, secuestros y asesinatos que se han vuelto parte del “paisaje urbano”. La Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú anunció el paro como medida desesperada y como grito político: exigen la renuncia de Dina Boluarte y de sus ministros. La frase del gremio es lapidaria: “No han hecho nada por dar garantías”. Y tienen razón: el país entero está tomado por bandas criminales mientras en Palacio solo piensan en cómo llegar con oxígeno al 28 de julio de 2026.
Cerca del 90% de las empresas de transporte en Lima y Callao confirmaron que se sumarán a la paralización. Miguel Ángel Palomino, presidente del gremio, recordó que el 11 de abril se firmaron actas con el Ejecutivo que hoy sirven de papel reciclado. Nada se cumplió. Nada cambió. La inseguridad creció.
Los transportistas no inventan el problema: lo padecen. En lo que va del 2025, decenas de choferes y cobradores han sido asesinados en medio de extorsiones. Las mafias los marcan, los amenazan y los cobran como si fueran un banco informal con intereses de sangre. Mientras tanto, las respuestas estatales son “mesas de diálogo” que no dialogan y “planes de seguridad” que solo existen en PowerPoint.
La ironía es que el sector transporte, siempre visto como caótico, desordenado y hasta abusivo, hoy levanta la voz para exigir lo mínimo: garantías para no morir trabajando. Y la respuesta del gobierno es el silencio. Un silencio cómplice, que suena igual en la Policía, en la Fiscalía y en el Congreso. Porque no hay coordinación, no hay estrategia, no hay voluntad.
Lo peor es la paradoja: el ciudadano común no puede caminar seguro porque lo asaltan, el transportista no puede manejar seguro porque lo extorsionan, y el Estado no puede gobernar porque solo administra la crisis hasta el 2026. Es un país secuestrado, literalmente.
El paro del 21 de agosto no es solo de transportistas: es un espejo del Perú entero. Es la prueba de que la inseguridad dejó de ser un tema policial para convertirse en un tema de supervivencia colectiva. Mientras los gremios se organizan para frenar la violencia, las autoridades se organizan para mantenerse en el poder. Y ahí está la brecha: los ciudadanos luchando por no morir, los políticos luchando por no perder el cargo.
Reflexión final
Cuando los transportistas deciden parar, el país se entera de lo que ya sabía: que estamos gobernados en piloto automático y custodiados por el crimen organizado. El 21 de agosto será un día de protesta, pero también de evidencia: que el Estado no garantiza nada, que la justicia no articula nada y que la política no resuelve nada. La pregunta es inevitable: si los transportistas pueden detener al país un día, ¿cuándo se decidirá la ciudadanía a detener, de una vez, este desgobierno que sobrevive contando los días hasta el 2026?.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra