En el Perú, los límites de la corrupción dejaron de ser noticia: se superan a diario con una creatividad que haría palidecer a cualquier guionista. Lo último: una vendedora de desayunos en Villa El Salvador y una exbarrendera municipal en Ancón figuran como socias principales de una empresa que maneja más de 2,500 millones de soles en contratos con el Estado. Sí, millones. Mientras hospitales colapsan, colegios se caen a pedazos y la criminalidad gobierna las calles, las licitaciones públicas se reparten con nombres prestados y millones que desaparecen en el camino. Pedro Castillo lo inauguró, Dina Boluarte lo continuó. Y así, la “meritocracia” peruana se resume en tener un DNI a la mano para servir de fachada.
La historia fue revelada por Panorama y es tan grotesca como real. En 2022, la empresa Servicio de Consultoría Misaki cambió de nombre a Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC. A partir de allí, registró como accionistas principales a Beatriz Benique Quispe —la vendedora de desayunos— y a Celeste Flores Carrillo —la exbarrendera—. Ambas, sin experiencia empresarial, sin trayectoria en construcción y sin siquiera estudios superiores en el rubro, terminaron al frente de una de las empresas contratistas más beneficiadas del Estado.
Los contratos hablan solos: adjudicaciones por 489 millones, 380 millones, 327 millones, 212 millones, entre otras joyas. En total, más de 2,500 millones de soles en convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, la SUNAT, y los gobiernos regionales de La Libertad, Huánuco y Ayacucho. El festín es amplio y repartido. Los nombres de las autoridades que firmaron aparecen en los registros: César Acuña en La Libertad, Antonio Pulgar en Huánuco, Wilfredo Oscorima en Ayacucho, César Vázquez en el MINSA y César Sandoval en el MTC. Todos, aparentemente, sin hacer preguntas incómodas.
La parte más tragicómica está en las protagonistas de papel. Beatriz Benique asegura vivir con apenas 30 soles al día en su puesto de desayunos. Afirma desconocer que era dueña de la mitad de una empresa millonaria. “Para nada”, respondió cuando se le preguntó si prestó su DNI. Su historia es la radiografía del ciudadano usado como testaferro, mientras otros se enriquecen con su nombre.
Celeste Flores Carrillo, de 27 años, pasó de barrer calles a gerenciar una de las consultoras más millonarias del país. No registra estudios universitarios en SUNEDU ni experiencia alguna en el sector. Cuando Panorama buscó su versión en la dirección registrada, los vecinos dijeron que ya no vivía allí. Un personaje invisible que, sin embargo, firmaba contratos multimillonarios con el Estado.
El trasfondo es claro: estas mujeres no son las beneficiarias, son las fachadas. El verdadero poder y el dinero circulan detrás, entre quienes arman los consorcios, manipulan las licitaciones y garantizan que, en papel, todo luzca “regular”. El Estado no es un árbitro: es un cómplice. Castillo y Boluarte heredan la misma lógica: crear redes clientelares donde la transparencia es solo una palabra para discursos.
Mientras tanto, la población sobrevive en un país tomado por bandas criminales y por redes de corrupción que se reparten los pocos recursos que deberían destinarse a salud, educación y seguridad. El desgobierno es total: policías enfrentan mafias con precariedad, hospitales no tienen medicinas y escuelas siguen sin agua ni techos. Pero para los consorcios “fantasma” los millones fluyen sin trabas.
El caso de Pérgola SAC no es una excepción, es un síntoma de cómo se gobierna el Perú: contratos millonarios disfrazados de legalidad, ciudadanos usados como testaferros, autoridades que se hacen las ciegas y gobiernos que legitiman este saqueo con su inacción. Cuando un puesto de desayunos o una escoba municipal sirven como plataforma para facturar miles de millones, ya no estamos frente a corrupción común: estamos frente a un Estado que funciona como empresa fachada.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: aquí, para construir carreteras millonarias, no necesitas experiencia ni capital, basta con vender emoliente o barrer calles. La corrupción ha convertido lo absurdo en rutina y lo ilegal en costumbre. Mientras tanto, los peruanos seguimos pagando el precio: servicios públicos colapsados, inseguridad desbordada y un futuro hipotecado. El verdadero drama no son las dos mujeres que aparecen en papeles; el drama es un Estado que se comporta como organización criminal con membrete oficial.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra