Hoy quedó en evidencia, una vez más, cómo funciona la ley en el Perú: como adorno decorativo. Pese a que el Tribunal Constitucional dictaminó que solo la Municipalidad Metropolitana de Lima puede sancionar por mal estacionamiento, distritos como Independencia, Barranco y otros siguen levantando vehículos como si fueran máquinas de cosecha, arrastrando no solo autos, sino también la legalidad. Y el ciudadano, entre impotencia y resignación, termina pagando multas de hasta mil soles, obligado, coaccionado y sabiendo que no se trata de ordenar el tránsito, sino de alimentar un negocio millonario.
Un informe de Punto Final no hizo más que confirmar lo que ya se sabía en las calles: el sistema de grúas municipales es una maquinaria aceitada de recaudación. No es política pública, es política comercial. Los municipios encuentran en las grúas su cajero automático con ruedas. Y como todo negocio rentable, tiene cómplices bien ubicados: alcaldes que miran hacia otro lado, empresas privadas que facturan millones y autoridades que callan convenientemente.
La Defensoría del Pueblo fue clara: estas prácticas son ilegales. Pero la ilegalidad no incomoda cuando llena arcas. Los depósitos municipales se convierten en bodegas de la extorsión: autos retenidos como rehenes hasta que sus dueños paguen rescates disfrazados de “multas”. El mecanismo es perverso en su simpleza: primero pagas, luego reclamas. Y si reclamas, el dinero ya voló.
Los intereses son demasiados como para pensar en voluntad de cambio. Las empresas concesionarias reciben porcentajes jugosos de cada sanción. Los municipios financian con esos ingresos no solo sus campañas de “ordenamiento”, sino también sus propias agendas políticas. Y mientras tanto, el ciudadano paga tres veces: cuando compra el carro, cuando paga impuestos, y cuando la grúa se lo lleva sin amparo legal.
La ironía alcanza niveles grotescos. En medio de una ciudad donde la delincuencia campea con asaltos y extorsiones, las municipalidades ofrecen su propio servicio paralelo de extorsión legalizada. La diferencia es mínima: la mafia de la calle exige cupos con amenazas, la mafia municipal con resoluciones y tickets. El resultado es el mismo: el ciudadano sin dinero y sin protección.
Algunos distritos, como Miraflores, decidieron coordinar con la Municipalidad Metropolitana y dejar de remolcar. Cumplieron la ley. Y cumplir la ley, en este país, parece un acto heroico. Porque el verdadero desorden no está en el tráfico, sino en las instituciones que deberían ordenar.
Y ahí está la pregunta incómoda: ¿dónde está el Ministerio de Transportes, la Contraloría, la Policía Nacional, la propia Municipalidad de Lima? Todas desaparecidas. Nadie controla a los que controlan, nadie sanciona a los que sancionan. En un país que se cae a pedazos, el silencio institucional es la melodía de fondo.
El negocio de las grúas revela algo más profundo: la ilegalidad ya no es solo un problema de mafias en las calles, sino también de municipalidades en los escritorios. El Tribunal Constitucional dicta un fallo, pero en la práctica manda el dinero. Lo que debería ser una medida de tránsito terminó convertido en un sistema de recaudación paralelo. El ciudadano, en lugar de protegido, es exprimido.
Reflexión final
En el Perú del 2025, las grúas no solo levantan autos: levantan millones, levantan la paciencia de los ciudadanos y levantan un modelo de extorsión disfrazado de gestión pública. La gran ironía es que aquí el crimen no se esconde: usa chaleco de fiscalizador, uniforme municipal y contrato de concesión. Y así, los peruanos seguimos pagando doble peaje: uno en las calles tomadas por delincuentes y otro en las municipalidades tomadas por intereses. La gran diferencia es que al menos los delincuentes no fingen llamarlo “ordenamiento urbano”.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra