En el Perú, la seguridad ciudadana no se mide en políticas públicas, sino en obituarios. Mientras el crimen organizado avanza con explosivos, secuestros y extorsiones, el Estado parece estar de vacaciones permanentes. El último informe de RPP Data revela una radiografía escalofriante: 40% de los patrulleros malogrados y 8.9 millones de soles destinados a chalecos antibalas sin ejecutar. Policías que deben comprar su propio equipo para no morir, ciudadanos que se protegen como pueden y un gobierno que prefiere invertir en aviones de guerra, camionetas de lujo para generales y viajes internacionales con comitiva. El contraste no puede ser más brutal: delincuentes cada vez más equipados y policías cada vez más desarmados.
El asesinato del suboficial José Gabriel Munive en La Victoria es un símbolo del fracaso estatal. Murió enfrentando delincuentes con un chaleco antibalas comprado de su bolsillo, porque la institución no le entregó uno. ¿Qué Estado condena a sus agentes a pagar por su propia protección? Uno que prefiere salvar empresas quebradas como Petroperú antes que salvar vidas en las calles. Uno que gasta millones en aviones de guerra para una guerra inexistente, mientras pierde la guerra diaria contra la delincuencia común.
Las cifras son una sentencia: más de 105 mil policías en actividad y apenas 29 mil chalecos disponibles. Los procesos de compra se detienen por licitaciones fraudulentas y proveedores fantasmas, mientras el crimen no necesita licitar nada para traer armas, granadas y explosivos. De los 20,408 vehículos policiales, 8,189 están fuera de servicio. En Lima, más de dos mil patrulleros no funcionan. En Surco y San Juan de Lurigancho, los alcaldes tienen que donar camionetas y chalecos a la policía, como si la seguridad dependiera de la caridad municipal.
La conclusión es devastadora: el Estado ha abandonado la lucha contra la criminalidad. En 24 horas se reportaron explosiones en el Callao y Trujillo, y un asesinato en pleno centro de Lima. Más de 16 mil denuncias por extorsión y 1,385 homicidios en lo que va del año. La policía patrulla con serenazgos prestados, con chalecos vencidos y sin armas de largo alcance. Los delincuentes, en cambio, patrullan con fusiles, dinamita y total impunidad.
¿Dónde está la estrategia del gobierno? En ninguna parte. Dina Boluarte nunca tuvo plan de gobierno, menos aún un plan contra la inseguridad. La presidenta no gobierna: viaja, posa y gasta. Viajes al extranjero con comitivas numerosas, compras de lujo para altos mandos militares, rescates millonarios para empresas en quiebra. Todo, menos fortalecer a la institución que sostiene la primera línea de defensa contra la delincuencia.
La policía peruana no está desarmada por azar, sino por decisión política. Los chalecos y patrulleros no se ejecutan porque el Estado ha convertido la seguridad en un negocio más, donde la corrupción y la indiferencia pesan más que la vida de un agente o de un ciudadano. El país está tomado por bandas criminales porque el gobierno les abrió la puerta: sin logística, sin equipamiento, sin respaldo. Los delincuentes no temen a la policía; la policía teme ir a trabajar sin garantías mínimas.
Reflexión final
El Perú vive una guerra interna que el Estado ya perdió por abandono. Cada explosión, cada asesinato y cada extorsión son el recordatorio de un gobierno en piloto automático, incapaz y sin voluntad de reaccionar. Dina Boluarte pasará a la historia no solo como la presidenta más impopular, sino como la mandataria que dejó el país en manos del crimen organizado. La ciudadanía ya no pregunta si el Estado nos cuida; la ciudadanía sabe que estamos solos. Y en ese vacío, los delincuentes son los únicos que gobiernan de verdad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra