En otros países, los escándalos de corrupción estallan con filtraciones, investigaciones periodísticas o confesiones judiciales. En el Perú, basta un clic. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) “perdió” más de 1.200 expedientes digitales, justo aquellos que involucraban a Keiko Fujimori, Patricia Benavides y Los Cuellos Blancos del Puerto. Un acto de prestidigitación tecnológica tan grotesco que no necesita humo ni espejos: desaparecieron archivos clave y nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. El Perú inventó sus propios Expedientes X: no los que revelan misterios extraterrestres, sino los que confirman la lógica terrestre de la impunidad criolla.
Lo primero que salta a la vista es la excusa. La JNJ habló de una “falla técnica”. En plena era digital, ese argumento es tan creíble como decir que una autopista se borró porque llovió demasiado. Y lo peor: aseguran que no había backup. En un mundo donde cualquier celular guarda automáticamente las fotos en la nube, donde hasta una cabina de internet tiene sistemas de recuperación, resulta que el organismo que administra el destino de jueces y fiscales no tenía un plan de respaldo. Un insulto a la inteligencia y una ofensa a la ciudadanía.
La Policía ya aclaró que no fue casualidad. Alguien con clave de acceso entró al sistema y borró de manera deliberada los expedientes. No hablamos de un error humano, sino de una operación precisa, dirigida y, sobre todo, útil para ciertos intereses. El patrón se repite: los archivos que desaparecen no son de casos menores, son de los grandes intocables de la política y la justicia. Es como si en EE. UU. se “extraviaran” expedientes de Donald Trump, en Rusia los de Putin o en México los de García Luna. Inimaginable. Pero aquí, perfectamente posible.
¿Y qué significa esto? Que si se borraron expedientes tan mediáticos, ¿cuántos más —de narcotraficantes, sicarios, asesinos y corruptos de menor cartel— han desaparecido en silencio, sin prensa, sin titulares, sin escándalo? Lo que se filtró es apenas la punta del iceberg. Lo demás yace hundido en un mar de complicidad y podredumbre.
La JNJ, que nació para sanear un sistema corrompido por Los Cuellos Blancos del Puerto, hoy huele a cadáver institucional. No es la primera vez que tropieza, pero esta vez no se trata de una torpeza: se trata de una operación que desnuda hasta qué punto se ha podrido la columna vertebral de la justicia. Primero se habló de fallas técnicas, luego se instaló el silencio y ahora se promete una “investigación”. Pero en el Perú esa palabra ya perdió sentido: “investigar” es equivalente a enterrar, a prolongar el olvido, a esperar la siguiente noticia que tape la anterior.
Lo más inquietante es la reacción —o mejor dicho, la ausencia de reacción— del resto del aparato estatal. El Ejecutivo calla, ocupado en sobrevivir políticamente hasta el 2026. El Congreso, con su tradición de blindajes, tampoco abre la boca. Y la Fiscalía, que debería exigir respuestas inmediatas, parece más interesada en preservar sus propios feudos. Es el retrato de un país anestesiado, donde incluso un escándalo de semejante magnitud se normaliza en cuestión de días.
Los 1.200 expedientes desaparecidos son el acta de defunción de la confianza ciudadana en el sistema judicial. No fue un accidente: fue una maniobra política y criminal para borrar lo que compromete a los de arriba. El mensaje es claro: en el Perú, lo que molesta se elimina, lo que compromete se esfuma, y lo que debería indignar se convierte en rutina. La justicia ya no se archiva en tribunales, se borra en computadoras.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: mientras cualquier joven puede recuperar las fotos borradas de su celular gracias a la nube, la máxima institución de justicia peruana asegura que no tenía backup. ¿De verdad esperan que lo creamos? No es incapacidad, es complicidad. Lo que desapareció no fueron solo 1.200 archivos: desaparecieron pruebas, procesos, rastros de corrupción que nunca llegarán a juicio. Los Expedientes X de la JNJ no son misterio: son la prueba más clara de que en el Perú la impunidad tiene nombre, apellido, clave de acceso… y un botón de delete.
Por Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra