El jueves 21 de agosto de 2025 Lima y Callao quedarán prácticamente inmóviles: más de 400 empresas y alrededor de 20 mil vehículos —buses y cústers— suspenderán sus operaciones. No se trata de un capricho, sino de un grito desesperado frente a un Estado que ya no garantiza la vida ni de choferes ni de pasajeros. Mientras los transportistas se juegan la existencia entre extorsiones, asesinatos, sicariato y cobros de cupo, el gobierno de Dina Boluarte sigue concentrado en sobrevivir políticamente hasta el 28 de julio de 2026, gastando millones en viajes, aviones de guerra y autos de lujo para generales, mientras Petroperú continúa siendo el agujero negro de siempre.
El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, lo dijo sin rodeos: el paro se realizará sí o sí. Y de paso desmintió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que intentó minimizar la protesta. Porque claro, para el Ejecutivo, lo urgente no es que cada semana mueran choferes y cobradores víctimas de atentados, sino mantener la apariencia de que aquí no pasa nada.
La realidad es otra. El transporte urbano se ha convertido en un escenario de guerra cotidiana: sicarios que suben a un bus como si fuera un taxi, cobradores extorsionados hasta con balas y pasajeros que viajan con miedo. ¿Y qué hace el gobierno? Compra Audis para generales de la PNP, financia viajes presidenciales y despilfarra dinero en Petroperú, esa empresa estatal que ya ni sirve de excusa, pero que sigue devorando recursos como un zombi financiero.
El 21 de agosto no será solo un paro de transporte: será un paro simbólico del país. Porque si 90% del transporte formal se detiene, lo que se visibiliza no es la fuerza de los gremios, sino la parálisis de un Estado incapaz de enfrentar al crimen organizado. Y más allá de la paralización, los transportistas ya anunciaron que marcharán hasta el Congreso de la República para exigir lo básico: garantías de vida. Un Congreso que, dicho sea de paso, tampoco se inmuta frente al secuestro del país por las mafias, pero que seguramente abrirá las puertas para la foto y la formalidad del “diálogo”.
Lo sarcástico es que no hablamos de un reclamo nuevo. El 26 de septiembre de 2024 y el 10 de abril de 2025, medidas similares ya paralizaron la ciudad. ¿Qué cambió desde entonces? Absolutamente nada. Porque el gobierno de Boluarte funciona como un reloj detenido: marca la misma hora todos los días, pero nunca avanza.
Y si este paro no es suficiente, los gremios ya advirtieron que dentro de 30 días podría convocarse un paro nacional. Es decir, lo que hoy es Lima y Callao, mañana podría ser todo el Perú detenido por 24 horas. Paradójicamente, una sociedad paralizada sería el espejo más fiel de lo que ya tenemos: un gobierno inmóvil frente a la delincuencia.
El paro del 21 de agosto no es un capricho de transportistas: es la radiografía de un país donde las mafias mandan y el Estado obedece al silencio. El crimen organizado dicta la ruta, el gobierno solo toma nota. Mientras tanto, los ciudadanos viajan cada día en buses convertidos en ruleta rusa, con la incertidumbre de si llegarán a destino o terminarán siendo otra estadística.
Reflexión final
Cuando los transportistas deciden parar, Lima se inmoviliza. Pero el verdadero paro empezó hace tiempo: el paro moral y estratégico del gobierno, incapaz de enfrentar al crimen organizado. El 21 de agosto será una jornada sin buses ni cústers, pero en realidad será la confirmación de que la delincuencia ya secuestró al Perú. Porque aquí no se trata de que los vehículos no circulen: se trata de que el país entero lleva meses detenido, esperando a que alguien tenga el valor de ponerlo en marcha.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra