En el Perú, la corrupción no se esconde: desfila en nuestras narices con papeles en regla y sonrisas de impunidad. Y como espectadores privilegiados tenemos a la Contraloría General de la República, ese organismo que se ufana de detectar irregularidades en cada rincón del país, pero que rara vez logra que un responsable sea sancionado. La Contraloría detecta, mide, alerta… pero no castiga. Es como un médico que diagnostica un cáncer terminal y luego despide al paciente con un “suerte, arréglate solo”. En las 25 regiones del país se repite la misma historia: obras inconclusas, presupuestos inflados, contratos amañados y funcionarios reciclados. La impunidad, más que un defecto, parece ser parte del modelo de gestión.
Los números son escandalosos. Según el balance, en 2024 la Contraloría emitió más de 13 mil informes de control, detectando irregularidades por más de 18 mil millones de soles. Cada sol detectado es un sol perdido para hospitales sin medicinas, escuelas con techos de calamina o carreteras que se derrumban con la primera lluvia. Pero, salvo contadas excepciones, esas advertencias quedan atrapadas en la telaraña de la burocracia: denuncias que se archivan, procesos disciplinarios que nunca llegan a sanción, o simplemente olvido selectivo.
El problema no es la ausencia de informes, sino su esterilidad. La Contraloría detecta corrupción en Áncash, Cusco, Lambayeque, Piura, Lima, Arequipa, en todas las regiones sin excepción. Y sin embargo, los responsables no solo siguen libres, sino que se postulan nuevamente, participan en licitaciones o ascienden en la escala pública. En este país, ser observado por la Contraloría parece más un requisito de experiencia que un castigo.
Lo más grotesco es que la misma institución admite sus limitaciones. Detecta, sí, pero no sanciona. Su rol es “preventivo” o “orientador”. Es decir, el ladrón es descubierto con las manos en la caja, pero en lugar de esposas recibe una recomendación escrita: “se sugiere no volver a hacerlo”. La corrupción sonríe, firma su descargo y sigue.
La impunidad no es casual: es un círculo vicioso. La Contraloría emite informes; la Fiscalía los recibe y se enreda en procesos interminables; el Poder Judicial demora años en sentenciar. Para cuando se llega a una resolución —si es que se llega—, el funcionario ya terminó su gestión, prescribió el delito o simplemente ya está en otro cargo. La corrupción en el Perú es un delito con fecha de vencimiento, diseñada para expirar antes de que alguien pague.
Mientras tanto, en las regiones, los ciudadanos viven el costo real de esta impunidad. Hospitales regionales paralizados por adendas fraudulentas, colegios que nunca se terminan, sistemas de agua y saneamiento que se inauguran con bombos y platillos y al mes dejan de funcionar. Y cuando alguien pregunta qué pasó con el dinero, aparece un informe de la Contraloría que confirma lo obvio… y nada más.
La Contraloría es hoy una gran vitrina de estadísticas, un organismo que produce miles de informes como quien imprime volantes, pero que no logra mover un milímetro la balanza de la justicia. Detecta el saqueo, pero no protege al saqueado. Informa del robo, pero no detiene al ladrón. En un país donde cada región es un catálogo de desbarajustes, la impunidad se consolida no porque falten controles, sino porque falta voluntad de cerrar el círculo con sanción efectiva.
Reflexión final
El Perú vive atrapado en una paradoja: tenemos un Estado que lo ve todo, lo mide todo, lo anota todo… pero que no sanciona nada. La Contraloría detecta corrupción como un reloj, pero esa exactitud no se traduce en justicia. La corrupción se alimenta de esa debilidad institucional: funcionarios que saben que, en el peor de los casos, recibirán un informe, jamás una condena. Así, el sistema produce más informes que sanciones, más diagnósticos que curas, más ruido que cambios. Y mientras tanto, los corruptos siguen celebrando, sabiendo que en el Perú robar tiene costo político, pero casi nunca costo penal.
Por Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra