El 20 de agosto de 2025, la calificadora internacional Moody’s no necesitó adornos para describir lo que ocurre con la empresa estatal de hidrocarburos: “Petroperú es un riesgo que le cuesta a todos los peruanos”. No se trata de un comentario técnico aislado, sino de un diagnóstico internacional sobre la magnitud del problema. Y mientras la advertencia retumba en medios y mercados, en Palacio la presidenta Dina Boluarte se mantiene obsesionada y obstinada en inyectar recursos a un organismo que ya no es empresa ni motor productivo, sino un cadáver financiero que huele peor con el paso del tiempo.
Moody’s fue clara: cada salvataje a Petroperú representa millones desviados de lo que realmente importa. Plata que debería ir a hospitales colapsados, escuelas abandonadas, patrulleros que nunca llegan, o a programas para enfrentar la delincuencia que desangra al país, se esfuma en mantener a flote un zombi corporativo. El resultado: un Estado que cuida a un muerto y descuida a los vivos.
El vicepresidente de riesgo soberano de Moody’s, Jaime Reusch, subrayó que el problema no es coyuntural, sino estructural: falta de profesionalismo, ausencia de buena gobernanza y captura política. Petroperú, en lugar de ser una empresa estratégica, terminó como una agencia de colocación de favores y un botín político disfrazado de proyecto nacional. Si hubiera sido gestionada con criterios técnicos, hoy podría ser rentable; pero se eligió el camino de la politización, y cada gobierno la convirtió en un barril sin fondo.
El costo de esta obsesión es evidente. Mientras se transfieren miles de millones para mantener a Petroperú, los ciudadanos deben endeudarse para acceder a educación de calidad, pagar clínicas privadas porque los hospitales públicos colapsan y vivir con miedo en calles dominadas por la criminalidad. Moody’s advirtió que estos salvatajes representan no solo gasto mal dirigido, sino pérdida de oportunidades históricas para desarrollar infraestructura y servicios esenciales.
La ironía es grotesca: el país enfrenta la peor ola de sicariato, extorsiones, secuestros y cobros de cupos, y la respuesta del gobierno es insistir en financiar un cadáver empresarial. Boluarte no tiene un plan de seguridad, pero sí un plan de transfusiones financieras para Petroperú. No hay estrategia contra el crimen organizado, pero sí obsesión por sostener una empresa que ya ni produce, ni genera empleo masivo, ni devuelve lo que se le inyecta.
Este contraste es tan absurdo que convierte a Petroperú en símbolo de un Estado que gobierna de espaldas a la realidad: se destina dinero para prolongar la agonía de un muerto corporativo, mientras se recortan esperanzas a los vivos. Y lo más preocupante es que la advertencia no viene de opositores políticos, sino de una agencia internacional que mide riesgos y califica economías en todo el mundo. Es decir, no es percepción: es diagnóstico.
El mensaje de Moody’s debería ser un punto de quiebre: Petroperú no es solo un problema financiero, es un símbolo de irresponsabilidad política y de prioridades invertidas. Seguir inyectando dinero a una empresa sin futuro es hipotecar al país entero. Cada salvataje no es una decisión técnica: es un error político que compromete la credibilidad del Perú y entierra sus oportunidades de crecimiento.
Reflexión final
En el Perú del 2025, Petroperú no es una empresa, es un mausoleo de dinero público. Mientras Moody’s enciende las alarmas, Dina Boluarte insiste en conectarla al respirador financiero, como si con transfusiones eternas pudiera resucitar lo que ya está muerto. El sarcasmo es cruel pero inevitable: mientras el pueblo exige seguridad, salud y educación, el Estado se empeña en mantener vivo a un cadáver que se pudre a la vista de todos. Y la pregunta final no es cuánto más costará Petroperú, sino cuánto más está dispuesto a perder el Perú para sostener esta obsesión política disfrazada de “empresa estratégica”.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra