En Argentina cayó el “Pirata del Fútbol”, creador de Al Ángulo TV, una plataforma que transmitía ilegalmente partidos y eventos deportivos. La justicia actuó: denuncias, rastreo digital, investigación coordinada y captura. Caso cerrado. Mientras tanto, en el Perú, los piratas gozan de impunidad, transmiten en vivo partidos de liga y torneos internacionales, facturan millones y se ríen de las autoridades. Indecopi, la institución llamada a proteger la propiedad intelectual, sigue en coma profundo, incapaz de ejercer su rol. Y el Gobierno de Dina Boluarte, que hace rato perdió el control del país, tampoco tiene agenda para el deporte. El resultado es el de siempre: ilegalidad sin freno y un Estado que solo aparece para firmar decretos inútiles.
Lo ocurrido en Buenos Aires es un ejemplo de lo que significa un Estado presente: la Policía Federal rastreó los servidores, identificó al responsable y lo detuvo. No hubo romanticismo por el “acceso gratuito”, sino una postura clara: la piratería es delito, punto. En el Perú, en cambio, los partidos circulan gratis en Facebook, Telegram y TikTok, las películas se estrenan en los ambulantes antes que en los cines, los libros digitales piratas inundan WhatsApp y la ropa falsificada se vende en cada esquina como si fuera normalidad. Es un ecosistema criminal completo y tolerado.
Indecopi debería ser la primera línea de defensa, pero se ha convertido en un cascarón burocrático. Comunica, anuncia, promete… pero no ejecuta. Su inacción es cómplice. No bloquea plataformas, no sanciona con firmeza y no actúa en coordinación con la policía ni con el Poder Judicial. Parece diseñada para dar la apariencia de institucionalidad, mientras en la práctica abandona a quienes invierten, producen y pagan impuestos. Un león sin dientes que terminó domesticado por la indiferencia.
La responsabilidad, claro, no es solo institucional. Dina Boluarte ha convertido el país en piloto automático. No hay plan económico, no hay plan de seguridad, no hay plan deportivo ni cultural. El deporte es un adorno para la foto, la cultura una frase vacía en discursos oficiales, y la piratería, un agujero negro que nadie se atreve a enfrentar. ¿Por qué? Porque combatir la ilegalidad exige liderazgo, decisión y transparencia, palabras inexistentes en un gobierno obsesionado únicamente con estirar su supervivencia hasta el 28 de julio de 2026.
La piratería no es un mal menor: es negocio criminal que mueve millones y alimenta redes más amplias de ilegalidad. Cada partido transmitido sin derechos, cada camiseta falsificada, cada libro fotocopiado erosiona a los creadores, a los inversionistas y a la economía formal. En un país donde ya reinan las extorsiones, los secuestros y el cobro de cupos, la permisividad con la piratería es otra muestra de cómo la ilegalidad se normalizó como parte del paisaje nacional.
El caso argentino demuestra que cuando hay voluntad política e institucional, la piratería se enfrenta y se sanciona. El caso peruano demuestra lo contrario: la pasividad de Indecopi y la indiferencia del gobierno son una invitación abierta para que la piratería se expanda. Mientras el mundo busca fortalecer el deporte y proteger las industrias, en Perú preferimos dejarlas a merced del crimen. Dina Boluarte gobierna sin plan, y la institucionalidad se limita a aplaudir en silencio.
Reflexión final
El Perú vive secuestrado por la ilegalidad en todas sus formas: desde la extorsión callejera hasta la piratería digital. Combatirla es defender la justicia, el empleo y la formalidad. Pero mientras Indecopi siga adormecido y Boluarte siga atrapada en su propio desgobierno, no habrá reacción. Los piratas seguirán celebrando goles y contando millones desde la clandestinidad, mientras el Estado peruano se sienta en la tribuna de los ausentes. En Argentina el mensaje fue claro: tolerancia cero. En Perú, el mensaje es aún más claro: aquí la piratería juega de local, con el aplauso silencioso de quienes deberían defender la legalidad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra