El Perú no necesita radiografías internas para confirmar su estado crítico: basta mirar los titulares internacionales. Esta vez fue Moody’s, la influyente agencia de riesgo, la que levantó la voz: minería ilegal, inseguridad y corrupción ya no solo son problemas de la calle, están infiltrándose en el propio Estado. Dicho en otras palabras: las economías criminales han dejado de ser una amenaza externa para convertirse en un cáncer institucional. Y mientras tanto, el Gobierno de Dina Boluarte —sin plan, sin voluntad política, pero con mucho blindaje del Congreso— sigue anestesiando al país con promesas huecas, como si de la nada el paciente en cuidados intensivos pudiera levantarse a correr una maratón.
La advertencia vino de Jaime Reusch, vicepresidente de Moody’s: lo que hoy ocurre en el Perú se parece cada vez más a los escenarios de Colombia y México, donde la infiltración del crimen en las instituciones públicas terminó por socavar la democracia. Según el economista, la calificación crediticia del país está en riesgo. Y en el lenguaje de los mercados eso se traduce en una frase sencilla: menos confianza, más intereses, inversiones que huyen.
Pero detrás de esta jerga técnica hay algo más grave: la admisión de que el Estado peruano está cediendo terreno frente a mafias que controlan territorios, cobran cupos, secuestran y asesinan sin oposición real. No son hechos aislados, son síntomas de un país donde la seguridad ya no depende de la policía ni de la justicia, sino de pactos tácitos con criminales que han entendido que el poder político está ocupado en su propia supervivencia.
Lo irónico es que mientras Moody’s lanza esta alerta, el Gobierno y el Congreso continúan jugando a la política de la negación. Boluarte no gobierna: administra el tiempo hasta el 28 de julio de 2026. Sus ministros son voceros interinos de una crisis permanente. Y el Parlamento, en lugar de responder con leyes y políticas que enfrenten al crimen, sigue blindando aliados, repartiendo cuotas y cerrando filas en torno a sus propios intereses. El resultado es un Estado que se comporta como rehén: con las manos atadas, la mirada perdida y esperando que el tiempo pase.
La contradicción es brutal: la economía peruana se sostiene gracias a precios internacionales de materias primas que viven un ciclo favorable, el más alto desde 1951. Es decir, los vientos externos soplan a favor, pero el barco está agujereado. Mientras el cobre, el gas y el oro mantienen a flote las cifras macroeconómicas, la inseguridad, la corrupción y la minería ilegal perforan la base de la gobernabilidad. Es como si un enfermo terminal se jactara de tener buena presión arterial mientras el resto de sus órganos colapsan.
Y aquí está la raíz del problema: Moody’s no describe algo que los peruanos desconozcan, solo lo oficializa para el mundo financiero. La gente de a pie ya sabe que el Estado perdió el control. Lo que era rumor, ahora es diagnóstico: el Perú está siendo devorado por dentro. Y lo más alarmante es que ni la advertencia internacional parece generar reacción en quienes deberían tomar decisiones.
Cuando una agencia de riesgo como Moody’s advierte que el crimen y la corrupción se infiltran en el Estado, no se trata de un simple comentario económico: es una alerta roja sobre el colapso político y social. El Perú no está perdiendo puntos en una tabla de Excel, está perdiendo lo poco que quedaba de institucionalidad. El país, literalmente, está en UCI. Y los médicos —Gobierno y Congreso— discuten qué traje ponerse para la ceremonia del Bicentenario, mientras la fiebre sigue subiendo.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: Moody’s confirma lo que todos los peruanos ya sabíamos desde hace años. Lo único novedoso es que ahora el mercado financiero también lo reconoce. El Perú está secuestrado por bandas criminales, paralizado por la corrupción y anestesiado por políticos que solo piensan en llegar al 2026. Lo que debería ser un plan de salvataje nacional se convirtió en un acto de espera burocrática. Y la ironía más cruel: el único pilar que aún sostiene la economía no es la política, ni la justicia, ni la seguridad, sino el precio del cobre. El país respira, pero con ventilador prestado.
Por Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra