El Perú carga con una cifra que debería estremecer a cualquier autoridad: 93 feminicidios en lo que va del 2025. Una mujer asesinada cada tres días, mientras el Ministerio Público celebra como logro histórico haber alcanzado más de 7.700 sentencias por violencia de género. La contradicción es evidente: se condena más, sí, pero se muere igual. Y mientras los números judiciales engordan, la realidad sangra. El Gobierno de Dina Boluarte —que debería estar en primera línea— parece no entender que las estadísticas no entierran cadáveres ni devuelven madres a sus hijos huérfanos.
El drama se cuenta en cifras, pero se vive en tragedias. Más de la mitad de las víctimas eran madres de niños pequeños, decenas de menores condenados a crecer sin sus madres por culpa de un sistema que llegó tarde. Algunas mujeres estaban embarazadas al momento del crimen. En paralelo, más de 6.000 mujeres, niñas y adolescentes desaparecieron en seis meses. ¿Qué significa esto? Que el Perú no solo mata a sus mujeres, también las desaparece, las borra, las reduce a un registro que nadie persigue con verdadera urgencia.
El Estado responde con lo único que sabe: comunicados. Se celebra un 87 % de condenas, como si se tratara de un campeonato judicial. ¿De qué sirve condenar a 32 agresores diarios si al mismo tiempo los feminicidios aumentan? La justicia está llegando después del crimen, nunca antes. Es un sistema que actúa como notario de la violencia: certifica muertes, pone sellos, archiva expedientes… y espera la próxima víctima.
Lo más indignante es el rol del Gobierno. Dina Boluarte, la primera mujer en ocupar la presidencia, debería estar liderando una cruzada contra la violencia de género. En lugar de eso, su administración parece más interesada en sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026 que en garantizar la vida de las mujeres. Sus ministros, decorativos en la práctica, repiten discursos vacíos y evaden responsabilidades. La violencia no se combate con anuncios de oficinas inauguradas ni con protocolos incompletos: se combate con prevención real, presupuesto suficiente, policías entrenados y sanciones inmediatas.
La tolerancia social tampoco ayuda: tres de cada cuatro peruanos justifican algún tipo de violencia en la familia. ¿Qué ha hecho el Estado para revertir esta mentalidad? Nada. No hay campañas sostenidas de educación, no hay políticas de transformación cultural, no hay un esfuerzo serio en escuelas ni en comunidades. Mientras tanto, la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer colapsan. Se asiste a las víctimas con recursos mínimos, se improvisa, se maquilla.
El récord de sentencias no es un triunfo, es un engaño. Sirve para dar titulares y discursos, pero no salva vidas. El verdadero récord del Perú es la indiferencia estatal frente a una violencia que crece sin freno. Un Estado que llega tarde, un Gobierno que evade y un Congreso que ignora el tema contribuyen a la misma tragedia: la vida de las mujeres no vale lo suficiente para convertirse en prioridad nacional.
Reflexión final
El sarcasmo duele, pero es inevitable: mientras el Ministerio Público aplaude sus cifras, los feminicidios siguen sumando víctimas. Es como celebrar que el hospital entregó más certificados de defunción con rapidez, mientras los pacientes mueren sin tratamiento. En el Perú, las mujeres no tienen Estado que las proteja, solo un sistema que registra sus muertes con eficiencia estadística. Esa es la verdadera vergüenza nacional.
Por Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra