En el Perú, los conflictos sociales siguen el mismo libreto: una comunidad que reclama, una empresa que promete, un Estado que reprime. El último capítulo se escribió en Áncash, donde comuneros de Huaripampa bloquearon accesos e ingresaron al campamento de Antamina exigiendo que la mina más grande del país cumpla con los compromisos sociales que ofreció. El resultado fue el previsible: enfrentamientos con la Policía, heridos, detenciones y un paisaje cubierto de humo, entre bombas lacrimógenas y maquinaria incendiada. El diálogo volvió a llegar tarde, cuando la violencia ya había dicho presente.
Antamina insiste en que tiene papeles y títulos de propiedad que se remontan a 1998, y que durante 25 años la relación con la comunidad fue “pacífica y fructífera”. Pero la gente de Huaripampa no reclama nostalgia, reclama compromisos incumplidos. Piden proyectos de desarrollo, inversión social, respeto por el entorno. Lo que reciben, en cambio, son comunicados corporativos que hablan de “apertura al diálogo” mientras la Policía lanza bombas lacrimógenas a los mismos ciudadanos que la empresa dice querer escuchar.
Los hechos del viernes lo dejan claro: enfrentamientos, heridos, incendios forestales y equipos destruidos. La Policía detuvo a cinco comuneros, como si la solución al conflicto pasara por encarcelar al mensajero en lugar de atender el mensaje. Y el Estado, ausente en la prevención, aparece solo para sofocar con represión lo que no supo resolver con diálogo. Es la misma estrategia repetida en Conga, Las Bambas, Tía María: esperar a que estalle la bomba social y luego mandar a los uniformados a recoger los pedazos.
El trasfondo es siempre el mismo: una comunidad que siente que su territorio es usado para extraer riqueza, pero olvidado a la hora de distribuirla. Antamina genera miles de millones en exportaciones, pero Huaripampa ve cómo su gente migra, cómo sus jóvenes no tienen oportunidades y cómo sus autoridades son incapaces de asegurar que los beneficios lleguen. La riqueza se concentra en las cuentas de la empresa y en las estadísticas macroeconómicas que se anuncian en Lima, mientras en Áncash la pobreza sigue caminando a pie.
El Estado juega un rol vergonzoso: se limita a ser árbitro parcializado. En vez de exigir que la empresa cumpla sus compromisos o que la comunidad tenga garantías de desarrollo real, prefiere proteger el campamento minero antes que la paz social. La Defensoría del Pueblo puede activar “protocolos de diálogo”, el Minem puede anunciar “mesas técnicas”, pero todos sabemos que esas mesas llegan siempre cuando el conflicto ya ha dejado heridos y un rastro de desconfianza más difícil de reparar que cualquier carretera bloqueada.
Lo ocurrido en Antamina no es un accidente ni un hecho aislado: es un patrón. Una y otra vez, las comunidades levantan la voz, las empresas responden con comunicados adornados y el Estado con policías armados. Se habla de desarrollo compartido, pero se practica la desigualdad cotidiana. Se invoca al diálogo, pero solo cuando la violencia ya incendió el escenario. El resultado es el mismo: tensión, heridas abiertas y la certeza de que los compromisos son papel mojado.
Reflexión final
El humo que cubrió Áncash este fin de semana no es solo de bombas lacrimógenas o vegetación incendiada: es el humo de promesas incumplidas que se acumula desde hace décadas. El Perú vive atrapado en un círculo vicioso donde el “modelo minero” se traduce en extractivismo para unos y represión para otros. Antamina debe cumplir con el clamor de la comunidad y el Estado debe ser garante de derechos, no socio silencioso de la represión. Si el país no rompe este guion repetido, la minería seguirá siendo menos un motor de desarrollo y más una fábrica de conflictos. Porque cuando las mesas de diálogo se convierten en maquillaje, la calle se convierte en campo de batalla.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra