La Amazonía, ese pulmón verde que debería unir a los países, se ha convertido en un tablero tomado por mafias, economías ilícitas y violencia armada. Un informe internacional, presentado en Bogotá con el respaldo de la Unión Europea, revela que al menos 17 grupos armados controlan el 69 % de los municipios amazónicos en Perú, Colombia y Brasil. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte —sin plan de gobierno y menos aún un plan fronterizo— observa cómo la selva se desangra, convertida en escenario de minería ilegal, narcotráfico, tráfico de fauna y gobernanzas criminales. La región más rica en biodiversidad es hoy también la más peligrosa para defensores ambientales.
El estudio, titulado “Amazonía en disputa. Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”, no deja lugar a dudas: el crimen organizado ha logrado lo que los Estados no pudieron, imponer autoridad. En amplias zonas del bioma, los grupos armados reemplazan la ausencia estatal con un control férreo de corredores estratégicos, rutas de comercio y comunidades locales. Lo que debería ser soberanía nacional es, en realidad, soberanía criminal.
El Perú no escapa a esta tragedia. La minería ilegal devora territorios y envenena ríos con mercurio, afectando a comunidades indígenas y ribereñas. El oro extraído de manera clandestina no se queda en la región: fluye hacia Canadá, Suiza, India o Emiratos Árabes, con el mismo ritmo con que desaparecen hectáreas de bosque. Entre 2001 y 2023, la Amazonía perdió 14,7 millones de hectáreas, un área del tamaño de Honduras. Y mientras el oro ilegal enriquece a mafias globales, las comunidades locales sobreviven entre contaminación, pobreza y violencia.
Los datos son brutales. En 2023, el 55,6 % de los asesinatos de defensores ambientales del mundo ocurrió en países amazónicos: 196 casos, encabezados por Colombia y Brasil. Líderes indígenas, campesinos y comunitarios viven bajo amenaza constante, mientras los Estados ofrecen discursos vacíos y protección nula. La Amazonía se ha convertido en la zona más letal para quienes tienen el coraje de enfrentar a mafias que gozan de impunidad casi absoluta.
En este escenario, la respuesta del Estado peruano es la de siempre: silencio, inacción y piloto automático. Boluarte, que no tiene plan nacional de seguridad y menos uno fronterizo, se limita a administrar la crisis desde Lima, mientras en Loreto, Ucayali y Madre de Dios la autoridad real la ejercen los ilegales. El Congreso, por su parte, no debate cómo frenar la minería ilegal ni cómo proteger a los defensores ambientales: debate aumentarse el sueldo y blindar la permanencia del régimen hasta 2026. Así, el Estado abandona la Amazonía al crimen organizado mientras se concentra en su propio instinto de supervivencia política.
La Amazonía no está en disputa: ya fue tomada. El informe internacional solo confirma lo que las comunidades saben hace años: que los Estados son meros espectadores en territorios donde la ley es dictada por fusiles y dragas. La mayor reserva de biodiversidad del planeta se ha convertido en el epicentro de mafias globales que destruyen bosques, desplazan poblaciones y matan a quienes se atreven a resistir.
Reflexión final
Boluarte no será recordada por haber tenido un plan para la Amazonía, porque no lo tuvo. Será recordada por ser presidenta durante el colapso de la gobernanza en la selva y por haber dejado que la criminalidad escriba la agenda fronteriza. En la Amazonía ya no se juega solo el futuro ambiental del planeta, sino la credibilidad de los Estados. Y en ese tablero, el Perú aparece sin estrategia, sin voz y sin autoridad. Lo trágico es que el reloj ambiental no espera, y la indiferencia de hoy se pagará con generaciones enteras condenadas a sobrevivir en un bosque convertido en botín.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra