La minería ilegal no es solo un problema ambiental: es el retrato del fracaso estructural del Estado peruano. Según la última encuesta de Datum Internacional, publicada por El Comercio, el 85 % de los peruanos percibe ineficaz la respuesta del Estado frente a este fenómeno; un 73 % opina que el gobierno de Dina Boluarte ha sido “demasiado blando” en enfrentarlo; y un 83 % sospecha que este negocio ilícito terminará financiando las campañas políticas del 2026. El dato revela una verdad incómoda: el oro ilegal no solo enriquece mafias y destruye ecosistemas, también corroe la política y garantiza la continuidad de un sistema capturado.
Lo que se presenta como una crisis ambiental es, en realidad, una crisis de Estado. La minería ilegal dinamita los cimientos institucionales: desplaza comunidades, contamina ríos con mercurio, asesina defensores ambientales y financia redes criminales que hoy controlan vastos territorios amazónicos. Este negocio, estimado en miles de millones de dólares anuales, supera en rentabilidad al narcotráfico y se blanquea fácilmente en los mercados globales. Canadá, Suiza o India importan oro brillante, pero detrás de ese brillo hay dragas clandestinas y poblaciones condenadas al envenenamiento.
En el Perú, la respuesta estatal ha sido casi caricaturesca. Operativos que destruyen algunas dragas para la foto y que al día siguiente son reemplazadas por nuevas, multiplicadas. Mesas técnicas que prometen soluciones pero terminan en diagnósticos repetidos. Planes que nunca pasan del papel y que son archivados con la misma velocidad con que desaparecen hectáreas de bosque. Dina Boluarte, sin plan de gobierno ni estrategia contra la minería ilegal, simplemente administra el calendario: le quedan 337 días en el cargo, y su prioridad no es el país, sino llegar al 28 de julio de 2026.
El Congreso, como siempre, observa desde la comodidad de su blindaje. Prefiere debatir sobre aumentos salariales o privilegios internos antes que asumir el costo político de enfrentar a las mafias. Mientras tanto, el 83 % de la ciudadanía percibe que la minería ilegal financiará campañas electorales. ¿Exageración? Todo lo contrario. Es el reconocimiento popular de una práctica que se repite: las economías ilícitas compran influencia, aseguran silencio y garantizan impunidad. La política no combate la minería ilegal porque, en muchos casos, vive de ella.
La permisividad es tan evidente como peligrosa. La minería ilegal ya no solo devasta territorios, también dicta reglas locales. Allí donde el Estado es una anécdota, las mafias se convierten en autoridad: cobran “impuestos”, establecen justicia propia y reparten castigos. No hablamos de focos aislados, sino de una gobernanza paralela que avanza mientras el gobierno central sigue en piloto automático. Lo que se erosiona no es solo el ambiente, sino la idea misma de Estado.
El 85 % que califica de ineficaz la acción estatal frente a la minería ilegal no se equivoca. No es una percepción: es una constatación. El Estado perdió la batalla antes de comenzarla. Boluarte se limita a sobrevivir políticamente; el Congreso se concentra en sus privilegios; y las mafias hacen lo que mejor saben: ocupar el vacío, extraer riqueza, corromper instituciones y asegurar que la política siga atada a sus intereses.
Reflexión final
La minería ilegal no es solo una amenaza ambiental, es una amenaza democrática. Cuando el oro ilícito financie las campañas del 2026 —como ya sospecha la mayoría de los peruanos—, no solo estaremos eligiendo congresistas y presidentes: estaremos ratificando que la soberanía del país cambió de manos. El oro no brilla, ciega. Y si el Estado sigue siendo un espectador complaciente, el Perú terminará siendo administrado no por quienes lo gobiernan desde Lima, sino por quienes lo saquean desde la Amazonía.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra