En teoría, Indecopi existe para proteger al consumidor. En la práctica, funciona como un despertador sin batería: solo se activa cuando los medios de comunicación lo agitan y cuando la indignación ciudadana se desborda en redes sociales. La institución que debería anticipar abusos aparece siempre tarde, como notario de lo obvio, con multas que suenan en titulares pero que no reparan el daño real.
La historia es repetitiva y casi cómica si no fuera tan trágica. Un abuso se instala en el mercado, los consumidores lo sufren en silencio durante años, la prensa lo destapa y, recién entonces, Indecopi sale con su libreto aprendido: “hemos iniciado una investigación”. Pero ya es demasiado tarde. Lo vimos recientemente con los vehículos Ford que circularon desde el 2020 con defectos graves. Modelos como el Bronco Sport y el Escape presentaban riesgo de incendio por fallas en el sistema de combustible, y sin embargo, recién en el 2025 el regulador decidió reaccionar. Durante todo ese tiempo, familias enteras viajaron confiadas en un automóvil que podía convertirse en antorcha en cualquier esquina.
El mismo libreto se repite con las camionetas F-150, Expedition, Explorer y el Mustang fabricados entre 2021 y 2022. Todos tenían una falla en la bomba de combustible capaz de apagar el motor en plena marcha. Aun así, Indecopi solo se pronunció cuando la presión mediática lo obligó, varios años después de que esos vehículos circularan libremente por las carreteras del país. La historia se completa con los modelos del 2025 que presentaron problemas en los frenos, donde nuevamente la reacción fue tardía y las advertencias internacionales ya estaban sobre la mesa desde hace tiempo.
El ciudadano, mientras tanto, quedó expuesto a riesgos innecesarios. Lo alarmante es que las multas, por más millonarias que parezcan en los comunicados oficiales, no compensan a quienes fueron engañados o expuestos. El dinero recaudado jamás regresa al bolsillo del consumidor, sino que engrosa las arcas del Estado. Para las empresas, pagar la sanción es apenas un gasto más en la contabilidad. Para Indecopi, es un trofeo institucional. Y para el consumidor, la realidad no cambia: el daño ya está hecho.
La conclusión es clara: en el Perú, abusar es rentable porque el regulador siempre actúa a destiempo. Las compañías saben que pueden arriesgarse, que el castigo será tardío y que mientras tanto habrán ganado lo suficiente para que la sanción no les duela. Indecopi no fiscaliza, administra la impunidad con la parsimonia de quien sabe que nunca será cuestionado en serio.
El rol de Indecopi ha dejado de ser el de un defensor para convertirse en el de un registrador de abusos consumados. Cuando una institución reacciona cinco años después de que un vehículo defectuoso circula en las calles, no está protegiendo a nadie, está avalando con su silencio que el abuso continúe.
Reflexión final
En el Perú del 2025, Indecopi no previene, solo certifica tarde. Los autos ya circularon, los consumidores ya perdieron, las familias ya fueron engañadas, y recién entonces aparece la institución con su comunicado solemne y su multa de vitrina. La ironía es cruel: se nos vende la idea de que hay justicia, cuando en realidad lo único que tenemos es un aparato burocrático que despierta siempre después del desastre.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra