El Tribunal Constitucional dio un nuevo espectáculo digno de exportación. Con un fallo que pasará a la historia, decretó que un presidente en funciones solo puede ser investigado por tres delitos: traición a la patria, impedir elecciones y disolver el Congreso fuera de ley. Todo lo demás —corrupción, encubrimiento, muertes en protestas, enriquecimiento ilícito, obstrucción a la justicia— queda en pausa, congelado, blindado, casi santificado… hasta que el presidente deje el cargo. En otras palabras: la impunidad ya no es un defecto del sistema, es su regla oficial.
La decisión no es un tecnicismo legal, es un monumento al descaro. Con esta interpretación, el Tribunal Constitucional convirtió la Presidencia en una especie de búnker con entrada asegurada y salida programada al 28 de julio de 2026. Lo que ocurra dentro, lo que se robe, lo que se maquine, lo que se tape, lo que se encubra… todo debe esperar. Es como tener una alarma contra robos que detecta al ladrón en plena faena, pero cuyo contrato exige no llamar a la policía hasta que se retire del inmueble por voluntad propia.
El argumento es que se debe proteger la “investidura presidencial”. Lo cierto es que se protege a la persona que la ocupa, aunque esa persona haya hecho del poder un botín. Un presidente en el Perú puede ahora cometer cualquier delito con la tranquilidad de que la Fiscalía solo tomará nota y lo archivará con una etiqueta elegante: “esperando turno”. La corrupción ya no es un riesgo, es un derecho temporalmente adquirido por el cargo.
El fallo llega en el momento más oportuno para Dina Boluarte, acosada por denuncias que van desde el famoso “Rolexgate” hasta la represión sangrienta en las protestas, pasando por encubrimientos, negligencias y escándalos financieros. La Fiscalía había abierto varias carpetas, pero el Tribunal Constitucional decidió que la mejor estrategia para reducir la carga procesal es sencilla: prohibir investigar al presidente en funciones. Se acabó el problema, al menos para quienes tienen la llave del poder.
Y no nos engañemos: este fallo no es solo para Boluarte. Es un precedente para todos los futuros inquilinos de Palacio. Hoy es ella, mañana será cualquiera que entienda que ser presidente en el Perú es como obtener una tarjeta VIP que incluye inmunidad total contra la justicia. Se gobierna poco, pero se delinque tranquilo.
El Tribunal Constitucional no solo ha reinterpretado la Carta Magna, ha redactado un nuevo manual de supervivencia política: “Roba tranquilo, gobierna mal, encubre lo que quieras… mientras seas presidente no te toca nadie”. Al blindar a la presidenta, ha blindado también la impunidad como norma. El mensaje es claro: el poder no se fiscaliza, se respeta. La justicia, en cambio, se manda a dormir hasta nuevo aviso.
Reflexión final
El fallo debería registrarse también en el Guinness de la desvergüenza jurídica: ningún otro país reconoce tan abiertamente que investigar a un presidente es un atentado contra la institucionalidad. El Perú confirma así su vocación por la paradoja: tenemos un Estado que criminaliza al ciudadano común por una falta menor, pero que convierte al jefe de Estado en intocable de facto. El Tribunal Constitucional no dictó justicia, dictó un blindaje con garantía extendida. Y mientras tanto, los ciudadanos deben aceptar que en este país no hay presidentes que gobiernen, solo clientes exclusivos del club de la impunidad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra