En el Perú la política ya no se mide en legitimidad, sino en tiempo de oxígeno. Dina Boluarte respira todavía en Palacio no gracias a un plan de gobierno inexistente, sino a la máquina de soporte vital que le han instalado el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional. El último fallo del TC, que blinda a la presidenta de toda investigación hasta el 28 de julio de 2026, no es un tecnicismo jurídico: es un monumento a la impunidad con fecha de vencimiento. Dicho de otro modo: al país le quedan 335 días en piloto automático, con la mandataria y la institucionalidad conectadas al mismo respirador artificial.
El fallo del Tribunal Constitucional es claro en su descaro: un presidente en funciones solo puede ser investigado por tres delitos —traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso de forma ilegal—. El resto, desde corrupción y enriquecimiento ilícito hasta violaciones de derechos humanos, queda archivado bajo la etiqueta elegante de “esperando turno”. El mensaje es transparente: infringe tranquila, mientras tengas la banda presidencial, la justicia te espera afuera con paciencia infinita.
La narrativa oficial intenta justificarlo como una defensa de la “investidura presidencial”. Pero lo que realmente protege no es la investidura, sino al inquilino de turno de Palacio. Es como si en medio de un incendio los bomberos recibieran la orden de esperar a que las llamas se apaguen solas para no incomodar al dueño de la casa.
El momento del fallo tampoco es casualidad. Dina Boluarte carga denuncias por el escándalo de los relojes de lujo, por la represión con decenas de muertos en protestas, por omisiones flagrantes y por un rosario de irregularidades que ya tenían a la Fiscalía abriendo carpetas. El Tribunal Constitucional encontró la solución perfecta: no investiguemos nada hasta 2026, y así reducimos la carga procesal. El colmo de la eficiencia: no hay sobrecarga de juicios si prohibimos juzgar.
El Congreso, por su parte, se ha convertido en socio de este blindaje. Entre interpelaciones decorativas y discursos vacíos, mantiene el mismo pacto de sobrevivencia: ella no cae, ellos tampoco. Es un matrimonio por conveniencia, sostenido no en la confianza, sino en el miedo. La presidenta necesita al Congreso para llegar con oxígeno a 2026, y el Congreso necesita a Boluarte para que el calendario corra sin sobresaltos.
No nos engañemos: este fallo no fue pensado solo para Boluarte. Es un regalo a todos los futuros presidentes, un precedente que convierte la banda presidencial en un pase VIP a la impunidad. Se gobierna poco, pero se delinque tranquilo. Y cuando llegue el día de rendir cuentas, las carpetas estarán tan frías como el cadáver de la justicia.
El Tribunal Constitucional no ha reinterpretado la Constitución, ha redactado un manual de supervivencia política. “infringe tranquila, gobierna mal, encubre lo que quieras, mientras seas presidente no te toca nadie”. Esa es la nueva ley no escrita que ahora marca el compás de nuestra democracia agónica. Al blindar a la presidenta, han blindado también la impunidad como norma del sistema. El poder no se fiscaliza, se protege; la justicia no actúa, espera su turno en la cola.
Reflexión final
El fallo del TC debería inscribirse en el Guinness de la desvergüenza jurídica: ningún otro país admite con tanta naturalidad que investigar a un presidente en funciones es “un atentado a la institucionalidad”. En el Perú la paradoja es grotesca: un ciudadano común puede ser encarcelado por deber una multa, pero un presidente con denuncias de corrupción y de muertes en protestas se convierte en intocable por ley. Boluarte no gobierna, sobrevive con respirador artificial; el Congreso no legisla, solo administra su blindaje. Y el país, en piloto automático, avanza sin timón hacia julio de 2026, cuando el oxígeno se acabe y la realidad golpee sin anestesia.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra