Quien tenga la osadía de ganar las elecciones del 12 de abril de 2026 deberá asumir una tarea digna de penitencia histórica: reconstruir un país colapsado sin planos, sin brújula y sin fe ciudadana. Porque lo que Dina Boluarte dejará atrás no será una nación, sino un amasijo institucional quemado, desordenado y absolutamente disfuncional. Y eso con suerte. Su gestión —o más bien, su prolongado simulacro de gobierno— habrá convertido al Estado en una nave sin piloto, con el Congreso como cómplice entusiasta del naufragio. Lo que viene será más que una transición: será un rescate arqueológico.
No exageramos. Esto ya no es una crisis: es una descomposición con DNI, RUC y pasaporte diplomático. El Perú de hoy es el resultado de una degradación acumulada y legitimada. Desde Palacio no se gobierna: se administra el silencio. Desde el Congreso no se legisla: se pacta impunidad. Desde los partidos no se propone: se recicla fracaso. Y en las calles… en las calles se sobrevive entre balaceras, cobros de cupos y el sonido persistente del miedo.
El sicariato es moneda corriente. Las extorsiones están tarifadas. Los asesinatos tienen horario. Los secuestros ya ni siquiera sorprenden. El “estado de emergencia” se ha vuelto una costumbre inofensiva, mientras el Ministerio del Interior juega a las figuritas con comunicados “urgentes” y una policía desbordada. ¿El Estado? ausente. ¿Los ciudadanos? abandonados. ¿Los criminales? agradecidos.
La salud pública colapsó sin ceremonia. La corrupción hospitalaria perforó las venas del sistema y lo dejó desangrando. La educación es otra ruina: aulas sin docentes, docentes sin sueldos, y estudiantes sin expectativas. La seguridad ciudadana, por su parte, existe solo en los discursos. Y la justicia… bueno, es un ring de box entre fiscales, jueces, audios y blindajes.
Y por si todo esto no bastara, los candidatos al 2026 parecen una broma cruel. Ninguno genera esperanza, casi todos arrastran mochilas judiciales o mediáticas. La elección se perfila como una especie de ruleta rusa democrática. Las encuestas son lapidarias: el Apra, Fuerza Popular, Perú Libre y APP lideran el ranking de partidos más rechazados. En otras palabras, los más conocidos son los menos deseados. Y los nuevos son tan desconocidos que apenas existen.
Mientras tanto, los verdaderos partidos de poder —narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de influencias— avanzan sin contrapesos. Son los únicos con estrategia, estructura, recursos y presencia territorial. No necesitan ganar elecciones, porque ya gobiernan desde las sombras y los despachos legales.
A menos de dos años de las elecciones generales, el Perú es un país extenuado, cínico y resignado. La democracia funciona como formalismo electoral, mientras la ciudadanía se enfrenta al dilema de votar por el menos malo, o simplemente no votar. La apatía es generalizada, el blanco y viciado ya lideran sondeos, y el único proyecto de país vigente parece ser la supervivencia diaria.
Quien gane en 2026 no recibirá una banda presidencial: recibirá una bomba sin manual de desactivación. Deberá gobernar sin legitimidad, legislar con un Congreso secuestrado y enfrentar un aparato estatal hecho trizas. Y lo más grave: tendrá que hacerlo con un pueblo que ya no cree en nada ni en nadie.
Reflexión final
Dina Boluarte se irá el 28 de julio de 2026. Pero no se irá sola: dejará un legado de ruinas, silencio cómplice y país en piloto automático. El próximo presidente o presidenta no gobernará un país. Gobernará los escombros de lo que alguna vez fue una República. Y si no trae consigo un plan, un carácter férreo y un proyecto de reconstrucción nacional real, entonces será solo otro rostro en la galería del desastre. Porque cuando el país entero arde, no basta con cambiar al bombero: hay que extinguir la corrupción que encendió el incendio.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra