Indecopi anunció con bombos y platillos que multó a Entel con S/ 229,408 por no entregar audios solicitados en una investigación sobre llamadas spam. Sí, ese mismo spam telefónico que desde hace años tortura a millones de peruanos cada segundo del día con ofertas absurdas, promociones inacabables y voces robóticas que saben perfectamente a qué hora arruinar la siesta. La multa, presentada como un acto heroico de protección al consumidor, llega —otra vez— a destiempo, como si recién se descubriera que el spam es un problema nacional.
La sanción se originó porque Entel obstruyó la investigación. No entregó los audios, puso excusas técnicas y alargó el proceso por más de once meses, hasta que el regulador, cansado de esperar, se decidió a actuar. Pero no se engañe el ciudadano: la investigación recién empezó en 2024, cuando todos sabíamos, desde mucho antes, que el spam se había convertido en una tortura cotidiana, comparable a una gota interminable de agua sobre la frente.
Lo sarcástico es que Indecopi parece haberse sorprendido con el hallazgo, como si no hubiera escuchado jamás a un consumidor quejarse de las llamadas intempestivas. Actúa como si el spam hubiese nacido ayer, cuando en realidad millones de peruanos llevan años soportando que a cualquier hora del día suene el teléfono solo para escuchar a una operadora ofreciendo tarjetas de crédito, seguros o paquetes de datos que nadie pidió.
La multa, aunque suena contundente, es apenas un arañazo para una empresa del tamaño de Entel. Para la compañía, S/ 229,400 es poco más que una anécdota en sus balances. Y lo más indignante es que esa sanción no elimina el spam, no devuelve la tranquilidad y no repara al consumidor. Es, en el mejor de los casos, un castigo simbólico que llega tarde y que confirma lo que ya sabemos: en el Perú, las empresas abusan porque saben que el regulador reacciona siempre detrás del problema.
Lo mismo ocurrió con los vehículos defectuosos que circularon desde el 2020 y recién en 2025 fueron sancionados; con los seguros de salud vendidos con publicidad engañosa que pasaron años sin control; o con las grúas municipales ilegales que funcionaron como negocio paralelo hasta que un reportaje televisivo obligó a Indecopi a pronunciarse. El patrón es innegable: la institución se mueve no por iniciativa, sino por presión mediática. Es decir, la prensa marca la agenda de fiscalización y el organismo solo llega para posar en la foto.
El caso de Entel y el spam no es un triunfo regulatorio, es un recordatorio de la debilidad del sistema. Indecopi sanciona tarde, aparece y desaparece como actor secundario en un drama que debería liderar. Y cuando finalmente multa, lo hace sin reparar a quienes sufrieron el abuso. El ciudadano sigue recibiendo llamadas molestas, sigue siendo víctima de esa “tortura china” digital, y lo único que cambia es que hay un comunicado oficial para aplaudir una sanción que no resuelve el problema.
Reflexión final
En el Perú del 2025, la ironía es brutal: los consumidores seguimos padeciendo spam cada minuto, mientras Indecopi celebra sanciones tardías como si fueran grandes victorias. La realidad es que millones de ciudadanos seguimos desprotegidos, condenados a contestar llamadas que nunca pedimos y a esperar que algún día el regulador actúe a tiempo. Pero si algo nos ha enseñado Indecopi es que su reloj institucional nunca marca la hora correcta: siempre llega después del daño, como un juez que dicta sentencia cuando la tortura ya se convirtió en rutina nacional.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra