El Consejo de Ministros se convirtió, de pronto, en el mejor bufete de abogados de Nicanor Boluarte. Desde Palacio, quince ministros flanquearon al premier Eduardo Arana para rechazar el allanamiento de la Fiscalía a la vivienda del hermano de la presidenta. El gesto no fue solo simbólico: fue un mensaje en cadena nacional de obediencia ciega, donde el Ejecutivo en pleno prefirió defender intereses familiares antes que proteger el Estado de derecho. Un espectáculo tan innecesario como revelador.
“El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder…”, dijo Arana con solemnidad, como si la fiscalía hubiese golpeado a la democracia en vez de golpear la puerta del “hermanísimo”. La narrativa fue clara: victimizar a la familia presidencial y convertir a la justicia en enemiga del gobierno.
Lo inaudito no fue el allanamiento —que responde a una investigación en curso sobre una presunta red criminal—, sino la escena de ministros alineados cual coro institucional. Ninguno se apartó, ninguno cuestionó, ninguno renunció. Todos prestaron su investidura para blindar al hermano de la mandataria, como si la prioridad del país fuese defender a Nicanor Boluarte y no enfrentar la inseguridad, la crisis sanitaria o la corrupción que desangra al Perú.
El argumento oficial raya en la paradoja. Según el Ejecutivo, la fiscalía estaría “desestabilizando” la democracia con sus diligencias. Sin embargo, la verdadera desestabilización no proviene de los fiscales que cumplen su función, sino de un gabinete que confunde Estado con familia y justicia con ataque político. En la práctica, lo que vimos fue un pronunciamiento de defensa corporativa: la institucionalidad usada como escudo personal.
El despropósito tiene otra lectura más preocupante: si los ministros defienden al hermano presidencial en bloque, ¿qué queda para los ciudadanos comunes que esperan justicia? ¿Qué queda para las víctimas de extorsión, narcotráfico o minería ilegal que golpean a diario las puertas de un Estado ausente? La respuesta es evidente: el gobierno reserva su fuerza política no para el país, sino para sostener a su círculo más íntimo.
Y no es difícil imaginar el siguiente paso: un Congreso dispuesto a sumarse al blindaje, un Tribunal Constitucional dispuesto a “reinterpretar” la Constitución y, quizás, un sistema entero convertido en garante de la impunidad familiar. El pronunciamiento ministerial no fue un acto aislado: fue el adelanto de un guion ya conocido en el Perú, donde el poder se utiliza para proteger a los cercanos y postergar a los ciudadanos.
El papelón fue completo: quince ministros convertidos en voceros del hermano presidencial. Ninguno se apartó, ninguno renunció, todos se prestaron a un libreto que reduce al Ejecutivo a una oficina de defensa privada.
Reflexión final
El gobierno de Dina Boluarte no tiene plan frente al crimen organizado, ni frente a la minería ilegal, ni frente a la crisis sanitaria. Pero sí tiene un plan claro: blindar a la familia presidencial hasta el último día de mandato. El mensaje es inconfundible: la justicia puede esperar, la defensa de Nicanor no. Y cuando un país ve a sus ministros alineados en ese espectáculo, lo que se debilita no es solo la democracia: es la esperanza de que alguna vez el poder sirva para gobernar, y no para encubrir.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra