El 28 de agosto de 2025, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, salió a declarar con firmeza: el gobierno de Dina Boluarte está en contra de nuevos retiros de los fondos de AFP, ONP y CTS. El argumento es que estos retiros “debilitan la protección social de los trabajadores”. Curioso discurso: cuando se trata de proteger al ciudadano, el Estado se muestra débil, lento y descoordinado; pero cuando se trata de blindar a las AFP, aparece sólido, coherente y disciplinado. Una coincidencia que ya no sorprende a nadie.
El debate no es menor. Desde el Congreso se han presentado 24 proyectos de ley para permitir más retiros de AFP y 3 proyectos para la ONP. La Comisión de Economía los tiene en la congeladora, esperando la publicación del reglamento de la reforma de pensiones. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo hace lo que mejor sabe hacer: ponerse de lado de las AFP, repitiendo el mantra de que los fondos deben “proteger la jubilación futura”, como si el presente no existiera y como si las condiciones actuales de las AFP no fueran, de por sí, un abuso institucionalizado.
Porque seamos claros: lo que debería estar discutiéndose no es si los trabajadores pueden retirar su propio dinero, sino por qué las AFP siguen cobrando comisiones millonarias, por qué las pensiones que entregan son miserables y por qué nunca rinden cuentas claras al ciudadano. Pero ese debate incómodo no aparece en los discursos oficiales. Lo que aparece es la defensa férrea de un sistema que beneficia a las empresas privadas y condena a millones de afiliados a un futuro incierto.
El ministro habla de “protección social” como si en el Perú existiera un modelo sólido de previsión. La realidad es otra: un mercado laboral informal que supera el 70%, pensiones que en muchos casos no alcanzan ni para cubrir medicinas básicas y un sistema de AFP que, en lugar de garantizar bienestar, funciona como una trampa financiera en la que los ciudadanos aportan obligatoriamente para recibir poco o nada. En ese contexto, negar los retiros es casi un insulto.
Mientras tanto, se presentan como solución las encuestas y diagnósticos de siempre, como la EDO 2026, que promete alinear educación con empleo. Buenas intenciones en papel, pero que nada tienen que ver con el problema de fondo: la urgencia de revisar un sistema de pensiones que, año tras año, demuestra ser incapaz de proteger al trabajador. El contraste es brutal: hay prisa para frenar retiros, pero no hay prisa para corregir abusos.
El gobierno de Dina Boluarte, en lugar de cuestionar a las AFP y revisar sus condiciones, decide defenderlas con el discurso de la responsabilidad social. El trabajador, otra vez, queda relegado, convertido en espectador de un sistema que administra su dinero sin ofrecer garantías de dignidad al jubilarse. El Estado protege a las empresas, mientras la mayoría de peruanos sobrevive con la incertidumbre de si algún día verá su dinero transformado en algo más que papeles.
Reflexión final
En el Perú del 2025, el retiro de fondos de AFP no es solo un debate económico: es un espejo de cómo funciona el poder. El gobierno y las AFP se dan la mano, mientras el ciudadano sigue atrapado en un sistema que siempre lo perjudica. Se nos habla de futuro, pero lo que tenemos es un presente de abusos. Y la ironía es clara: mientras el ciudadano pide acceso a su propio dinero, el Estado se empeña en recordarle que lo suyo no es suyo, que sus aportes son intocables y que la única certeza que tiene es la incertidumbre.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra