El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, repitió el dogma oficial: no habrá más retiros de AFP, ONP ni CTS. Argumentó que los retiros “debilitan la protección social”. Lo que no dijo —porque no le conviene decir— es que lo que realmente se debilitaría es el negocio blindado de las AFP, ese que funciona gracias a un Estado que obliga a millones de trabajadores a entregar su dinero a empresas privadas que siempre ganan, incluso cuando el país entero pierde.
El discurso es conocido: hay que cuidar la jubilación del mañana, aunque hoy millones de peruanos sobrevivan en la precariedad. Se nos pide confianza en un sistema que nunca ha rendido cuentas y que ha convertido la pensión en una ilusión más que en un derecho. Lo que debería discutirse con urgencia —las comisiones abusivas, las reglas diseñadas para que el afiliado nunca gane, la falta de transparencia en la gestión— queda enterrado bajo el estribillo oficial de la “responsabilidad social”.
El contraste es obsceno. Cuando se trata de defender al ciudadano, el Estado es lento, torpe, burocrático. Pero cuando se trata de blindar a las AFP, el mismo Estado se convierte en guardia de seguridad de lujo: sólido, disciplinado y hasta vehemente. No se revisan las condiciones leoninas de un sistema que exprime al trabajador en cada aporte, que cobra comisiones incluso cuando entrega pérdidas y que garantiza pensiones que no alcanzan ni para cubrir medicamentos básicos. Se revisa, sí, cómo impedir que el trabajador toque su propio dinero.
La verdad es brutal: en este país el dinero no es del trabajador, aunque salga de su bolsillo. El dinero es de las AFP. El trabajador solo tiene el privilegio de financiar un negocio privado disfrazado de política pública. Y cada vez que se discute un retiro, queda al descubierto la alianza perfecta entre Estado y empresas: el primero protege, el segundo recauda, y el ciudadano queda atrapado en un contrato que nunca firmó de verdad, pero que paga religiosamente durante décadas.
Lo insultante es que se hable de previsión social en un país donde más del 70% de la población trabaja en la informalidad y donde las pensiones de quienes logran jubilarse apenas alcanzan para subsistir. Hablar de “proteger el futuro” cuando el presente está marcado por salarios miserables y condiciones precarias es, como mínimo, una burla. Y mientras tanto, el gobierno entretiene con diagnósticos, encuestas y planes de mediano plazo como la EDO 2026, que poco o nada tienen que ver con la urgencia de revisar un sistema previsional que solo sirve a las AFP.
El gobierno de Dina Boluarte no solo defiende a las AFP: En vez de cuestionar un sistema diseñado para que el trabajador siempre pierda, lo legitima con discursos de solemnidad técnica. En este esquema, el Estado no es árbitro, es cómplice. Y el trabajador no es ciudadano con derechos, es cliente cautivo de un mecanismo que se vende como “seguridad social” pero que en realidad es una estafa legalizada con respaldo oficial.
Reflexión final
En el Perú del 2025, las AFP son la expresión más nítida de cómo funciona el poder: las reglas están hechas para garantizar que unos pocos siempre ganen y que millones siempre pierdan. Nos dicen que el dinero es nuestro, pero no podemos tocarlo; nos prometen pensiones dignas, pero entregan migajas; nos venden responsabilidad, pero lo único que protegen son utilidades empresariales. Aquí no hay previsión social, hay un cautiverio financiero avalado por el Estado. Y en ese cautiverio, la única jubilación segura es la de las AFP, no la del ciudadano.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra