En el Perú de hoy, los niños ya no temen al examen de matemáticas ni a la nota en rojo: temen a las granadas y a las balas. Más de 650 colegios han sido extorsionados por bandas criminales que exigen pagos mensuales para no atentar contra alumnos y docentes. El caso del colegio Rayito de Sol, en San Juan de Lurigancho, lo confirma con brutal claridad: los extorsionadores gobiernan el día a día y el Estado es un espectador ausente. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte y su Congreso aliado sobreviven hasta el 28 de julio de 2026, sin plan de gobierno ni estrategia contra la criminalidad, pero con tiempo para comprar aviones de guerra, autos de lujo para generales y gastar en viajes improductivos al exterior.
La extorsión en colegios no es un episodio aislado, es la radiografía de un país en manos del crimen organizado. En Rayito de Sol, los delincuentes exigieron S/18,000 de inicial y S/2,000 mensuales para garantizar la “seguridad”. La directora denunció el caso, pero la respuesta fue el silencio y la burocracia: las clases presenciales se suspendieron y los niños marcharon con carteles pidiendo lo más básico: estudiar sin miedo a morir. En un país normal, esta escena sería un escándalo nacional. En el Perú, es parte de la rutina.
El Ministerio del Interior respondió con la receta de siempre: campañas para “fortalecer la cultura de la denuncia”. Pero ¿cómo pedir denuncias si solo el 3% de colegios se atreve a hacerlo por miedo a represalias? El resto calla porque las amenazas son directas, personalizadas y despiadadas. Directores y promotores saben que los extorsionadores saben dónde viven, dónde estudian sus hijos y hasta qué rutas toman al salir de casa. No se necesita mucha pedagogía para entender que denunciar en estas condiciones es un acto de heroísmo casi suicida.
La policía, debilitada y sin recursos, apenas aparece cuando ya se dispararon las balas o estallaron los explosivos. Mientras tanto, los delincuentes operan desde los penales con la comodidad de quien maneja una oficina. La impunidad se normaliza: los niños cambian clases por plantones, los padres rezan para no recibir la llamada equivocada, y los colegios cierran sus puertas porque no hay garantías mínimas.
Y en paralelo, el gobierno ofrece un espectáculo desconectado. Aviones de guerra como si estuviéramos en guerra con otro país, autos de alta gama para generales como si la prioridad fuera el desfile, millones enterrados en Petroperú como si la salud financiera de una empresa quebrada valiera más que la seguridad de los niños. Dina Boluarte y su ministro de turno administran la crisis con piloto automático, convencidos de que el tiempo —y el blindaje del Congreso— los llevará intactos hasta julio de 2026. Lo que no entienden es que el país no llegará en una sola pieza.
La extorsión en los colegios no es solo un problema policial, es el símbolo más doloroso de un Estado que ha renunciado a proteger a sus ciudadanos más indefensos. Cuando los niños marchan con carteles rogando por seguridad, queda claro que la criminalidad ya tomó el control del espacio público y de la vida cotidiana. Y cuando los gobernantes prefieren exhibir poder militar en el extranjero mientras en casa no pueden garantizar que un escolar entre a clases sin miedo, la tragedia deja de ser noticia: se convierte en sistema.
Reflexión final
El Perú está escribiendo una nueva y oscura lección: el crimen organizado dicta las reglas y el Estado está ausente en la pizarra. La huelga en EsSalud, los hospitales colapsados y ahora las escuelas extorsionadas son capítulos de un mismo manual: un país en piloto automático rumbo al desastre. Dina Boluarte y el Congreso sobreviven con respirador político hasta el 2026, pero los niños no pueden esperar. Ellos necesitan estudiar hoy, vivir hoy, estar seguros hoy. El silencio oficial no es neutralidad: es complicidad. Y en este examen de historia, el Estado ya se sacó cero.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra