Las cifras son escalofriantes y al mismo tiempo reveladoras: más de 5 mil homicidios en lo que va del gobierno de Dina Boluarte, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), citado por El Comercio. El 28 de abril de 2025 quedó registrado como el día más sangriento del régimen: 18 crímenes en solo 24 horas. A esto se suman escenas que ya parecen parte del paisaje cotidiano: tres asesinatos en una pollería de Lurín, el homicidio del dueño de una flota de mototaxistas en San Juan de Miraflores, extorsiones escolares, secuestros y cobro de cupos como si fueran parte de la formalidad económica del país.
El Perú se ha convertido en un territorio donde las organizaciones criminales gobiernan más que el propio Estado. El sicariato se expande, la minería ilegal avanza sin freno y el narcotráfico gana terreno en regiones enteras. Los números de homicidios no son simples estadísticas: son la prueba palpable de que la violencia dejó de ser coyuntura y se volvió sistema.
En este escenario, el gobierno de Dina Boluarte no ofrece ni un plan de gobierno ni mucho menos una estrategia real para combatir la criminalidad. Sus prioridades han sido otras: aviones de guerra para una guerra inexistente, autos de alta gama para generales que poco patrullan, viajes al extranjero con comitivas numerosa y millones enterrados en Petroperú, un cadáver financiero que sigue recibiendo respiración artificial. Mientras tanto, la policía carece de chalecos antibalas, patrulleros y equipos básicos para enfrentar a bandas que operan con armas de guerra.
El Congreso, lejos de cumplir un rol fiscalizador, se ha limitado a blindar a la presidenta, garantizar su sobrevivencia hasta el 28 de julio de 2026 y, de paso, blindarse a sí mismo. En medio de la ola criminal, el Parlamento parece más preocupado en legislar para sus propios intereses, convirtiéndose en socio tácito de la parálisis estatal. La política peruana funciona hoy como una suerte de pacto de no agresión entre quienes gobiernan en Palacio y quienes gobiernan en el hemiciclo, mientras en las calles la ciudadanía queda a merced de la violencia.
Los 5 mil homicidios registrados hasta la fecha son más que un récord macabro: son el símbolo del vacío de poder. Cada asesinato es la evidencia de que la ley ya no reside en el Estado, sino en las armas y granadas de las bandas organizadas. El país no se gobierna: se administra con piloto automático mientras las mafias reparten miedo, territorio y ganancias.
El Perú no necesita un experto para saber que la inseguridad es hoy la principal amenaza nacional. Los asesinatos en pollerías, calles y colegios no son casos aislados: son la prueba de que el crimen organizado tiene más capacidad de acción que el propio Estado. Sin estrategia, sin voluntad política y con instituciones capturadas, el país navega hacia el 2026 con un gobierno que solo aspira a sobrevivir.
Reflexión final
Dina Boluarte y el Congreso podrán resistir hasta el 28 de julio de 2026 con respirador político, pero el país no tiene ese lujo. Los ciudadanos ya viven la cuenta regresiva en las calles, donde la extorsión y el sicariato son la verdadera ley. Cuando el Estado se limita a mirar y la política se reduce a la supervivencia, lo único que queda en pie es la estadística de muertos. Y esa, lamentablemente, seguirá creciendo mientras el poder siga blindando a sus inquilinos y dejando que la criminalidad sea la que gobierne de verdad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra