En el Perú, ser periodista se ha convertido en un deporte extremo. No basta con enfrentarse a la censura disfrazada de indiferencia o al desdén de los políticos, ahora hay que cuidarse también de los seguimientos que —según denuncias— podrían provenir del mismísimo Ministerio del Interior. Mientras los delincuentes organizan secuestros, cobros de cupos y asesinatos con total libertad, lo que preocupa al gobierno no es cómo frenar la ola criminal, sino cómo silenciar a quien osa mostrar los trapos sucios del poder.
La denuncia de Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, debería encender todas las alarmas democráticas. Según reveló, la Dirección General de Inteligencia (Digemin) habría planificado un atentado en su contra, camuflado como un “robo violento”. No solo ella, sino también su familia —padres, hermanos e hijos— estarían incluidos en esta carpeta de seguimientos. Todo por el “delito” de investigar la mina El Dorado y sus vínculos con altos mandos policiales, exministros del Interior y, cómo no, con Nicanor Boluarte, el hermano incómodo que siempre aparece cuando se destapa un caso espinoso.
El modus operandi es conocido: primero, se deslegitima a quien investiga; luego, se le intimida con cartas notariales o amenazas veladas; y si eso no funciona, se le persigue. No es la primera vez que cuando se toca a los círculos cercanos al poder, fiscales y policías son removidos, expedientes se “pierden” y testigos se amedrentan. Lo novedoso, y al mismo tiempo aterrador, es que hoy se apunta directamente a la prensa.
El comunicado del Ministerio del Interior rechazando “tajantemente” la acusación fue casi un manual de cinismo burocrático: “No se realizan ni se toleran actos al margen de la ley”. Claro, porque si algo caracteriza a nuestro Estado es la pulcritud de sus prácticas. Resulta curioso que un país incapaz de proteger a escolares de granadas lanzadas por extorsionadores se apresure, con inusual eficiencia, a defender su propia reputación cuando se le señala por perseguir periodistas.
El problema de fondo no es solo una denuncia concreta, sino el mensaje que se envía: en el Perú, investigar al poder es tan riesgoso como investigar al crimen organizado, porque al final ambos parecen operar con métodos similares. El blindaje político y la intimidación se han convertido en armas más efectivas que cualquier política de seguridad ciudadana. La criminalidad domina las calles, mientras el gobierno quiere dominar el relato.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable: mientras el país se desangra por culpa de bandas criminales, el Estado parece más preocupado en vigilar a reporteros que en perseguir sicarios. Es como si hubieran decidido que la prensa libre es el verdadero enemigo público. Si seguimos en este camino, pronto las redacciones necesitarán más chalecos antibalas que las comisarías. La prensa independiente incomoda, pero sin ella el Perú terminaría siendo un país donde la única verdad oficial es el silencio.
Por Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra