En el Perú de los absurdos, el Canal del Estado vuelve a ser protagonista. No por un documental memorable, ni por una cobertura impecable de la realidad nacional, sino por protagonizar su propio escándalo: un contrato de más de 16 millones de soles por alquilar un local que no está habilitado, pero que ya se paga como si funcionara. La Contraloría encendió la alerta: cada día que pasa, el Estado pierde más de 11 mil soles en un edificio fantasma. Y mientras los recibos se acumulan, los peruanos siguen preguntándose por qué en un país con hospitales sin medicinas y escuelas sin techos, se financian oficinas invisibles con dinero público.
La historia es digna de una sátira. Desde el 11 de agosto de 2025, el contrato con la empresa Miski Sociedad Anónima Cerrada entró en vigencia. El detalle: el local arrendado no tiene divisiones internas, baños habilitados, camerinos, oficinas administrativas ni siquiera limpieza básica de escombros. El canal, en otras palabras, paga por cuatro paredes desnudas que no sirven para producir ni un noticiero escolar.
El argumento oficial para justificar este derroche fue que las antiguas instalaciones de Santa Beatriz eran inseguras y estaban saturadas. Una excusa cómoda, porque en gestiones anteriores ya se habían hecho ampliaciones y adecuaciones para mejorar esos espacios. Pero en lugar de apostar por infraestructura propia, se eligió la salida fácil (y rentable para terceros): arrendar un edificio millonario que todavía no puede usarse.
La Contraloría constató que las etapas de obra previstas —a los 15, 30 y 50 días— no se cumplieron. El cronograma fue papel mojado. Pese a ello, el Estado ya desembolsó más de 2.5 millones adicionales en implementaciones que hasta hoy son invisibles. Una vez más, el Estado peruano demuestra su talento para firmar contratos que benefician a privados y sangran a los ciudadanos.
Detrás de esta operación aparece un nombre clave: Ninoska Chandía, exjefa del IRTP y cercana al entorno de Dina Boluarte, quien suscribió el contrato en abril. Su falta de experiencia en medios fue señalada en su momento, pero eso no impidió que avalara un acuerdo que hoy compromete millones en pérdidas. La actual jefa, Adriana Rodríguez Jadrosich, responsabiliza a la empresa contratista, aunque reconoce que los pagos son legalmente exigibles. Traducido: no hay culpables, pero sí hay pérdidas diarias.
Lo que indigna es el contraste. En los hospitales se piden donaciones para comprar guantes y medicinas básicas. En las escuelas rurales, los niños estudian bajo techos de calamina o sin luz eléctrica. En las calles, la policía carece de vehículos y chalecos antibalas. Pero en el Canal del Estado, los recursos públicos fluyen con puntualidad suiza para mantener en pie un elefante blanco de alquiler. El canal que debería transmitir información y cultura transmite otra señal: la del despilfarro y la impunidad en alta definición.
El Canal del Estado ha dejado de ser un medio público para convertirse en un espejo del desgobierno. Se paga sin usar, se contrata sin exigir, se pierde sin asumir responsabilidades. No hay cámaras que registren estas escenas, pero no hacen falta: la Contraloría ya proyectó en pantalla grande lo que ocurre tras bambalinas.
Reflexión final
En el Perú del 2025, la televisión pública se ha vuelto la mejor metáfora del Estado: gasta como millonario y funciona como local vacío. El nuevo canal no transmite programas, pero sí transmite un mensaje claro: que el dinero de los ciudadanos puede diluirse en contratos mal diseñados, mientras la rendición de cuentas brilla por su ausencia. Así, el Canal del Estado nos ofrece su programación más sincera: despilfarro en vivo, improvisación en directo y corrupción en horario estelar. Y lo más trágico es que los televidentes obligados somos todos.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra