En el Perú ya se normalizó que la inseguridad gobierne las calles, que las bandas criminales decidan cuánto cuesta abrir un colegio o un negocio, y que los hospitales funcionen sin medicinas. Ante ese panorama, la genialidad del Gobierno es anunciar con bombos y platillos la reapertura de El Frontón, una cárcel en medio del mar que costará S/ 500 millones para encerrar a 2,000 presos. Haciendo la operación matemática más básica: cada celda le costará al Estado 250 mil dólares. Es decir, más que un departamento en San Isidro o un chalet en La Molina. Una “solución” que no resuelve nada y que solo confirma lo que ya sabemos: en este país se invierte más en encierros simbólicos que en seguridad real.
La propuesta de Dina Boluarte y su ministro de Justicia Juan José Santiváñez es un monumento al populismo penal. Suena contundente: “mano dura”, “penal de máxima seguridad”, “aislar a los criminales”. Pero cuando se rasca la superficie, queda claro que es un proyecto antitécnico y antieconómico. Mientras se promete un penal flotante con presupuesto astronómico, el penal de Ica —con capacidad para casi 4,000 presos— lleva seis años abandonado, convertido en símbolo del desinterés estatal. ¿No sería más lógico terminar esa obra y ampliar los penales ya existentes en provincias donde el hacinamiento supera el 200%?
El cálculo es indignante: medio billón de soles para 2,000 reos. ¿Y qué pasa con los 100,000 internos del sistema penitenciario nacional que sobreviven en cárceles colapsadas? ¿Qué pasa con la Policía que trabaja con patrulleros inservibles y chalecos caducados? ¿Qué pasa con los colegios que hoy son blanco de granadas por extorsión? Nada. Para eso no hay dinero. Pero sí lo hay para construir una nueva “isla de seguridad”, diseñada más para tranquilizar titulares que para enfrentar a las organizaciones criminales que han zonificado el país.
La ironía histórica tampoco ayuda. El Frontón no es un penal cualquiera: es un símbolo del fracaso del Estado. En 1986 se convirtió en escenario de una masacre que aún pesa como herida abierta en la memoria nacional. Y ahora, lejos de reflexionar, se plantea reciclarlo como si fuera un proyecto de modernidad. En lugar de reconciliarse con la historia, se insiste en repetirla: represión sin estrategia, cemento sin inteligencia, anuncios sin resultados.
Además, detrás de este tipo de megaproyectos siempre aparece la letra pequeña: contratos millonarios, constructoras favorecidas, consultorías infladas. Ya lo hemos visto en penales inconclusos y obras fantasmas en provincias. El Frontón puede terminar siendo otro elefante blanco —o, en este caso, azul marino— que se hundirá más rápido que un barco mal anclado.
El país arde en homicidios, extorsiones y secuestros, pero la respuesta estatal es invertir en un penal de lujo para 2,000 delincuentes. No hay plan de seguridad nacional, no hay estrategia contra el crimen organizado, no hay voluntad política para fortalecer a la Policía ni al Poder Judicial. En su lugar, se vende el espejismo de una cárcel en medio del mar, mientras la realidad en tierra firme sigue desangrándose día tras día.
Reflexión final
El sarcasmo se escribe solo: con S/ 500 millones podríamos haber construido hospitales oncológicos, terminado el penal de Ica, equipado a la Policía y hasta reforzado escuelas contra las extorsiones. Pero no, la prioridad es que cada preso en El Frontón cueste lo mismo que una casa de lujo. Al final, la verdadera prisión no será en la isla: está en la mente de un gobierno atrapado en su propia incapacidad, y en un país donde los ciudadanos cumplen cadena perpetua de miedo, mientras el Estado levanta cortinas de humo en lugar de muros de protección.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra