“Esta presidenta no deja obras inconclusas”, dijo Dina Boluarte el 25 de febrero de 2025, cuando colocó la primera piedra del hospital de Chalhuanca en Apurímac, su tierra natal. Seis meses después, el terreno es casi el mismo: el hospital registra un avance menor al 1% y enfrenta riesgo de paralización. La promesa quedó enterrada bajo la piedra inaugural, y la salud de más de 11 mil ciudadanos sigue esperando en un lote vacío. Lo más grave no es solo la demora, sino el patrón: contratos entregados a consorcios inubicables, empresas con bonos de papel y constructoras que ya acumulan obras paralizadas.
El hospital de Chalhuanca, valorizado en 58 millones de soles, fue adjudicado al Consorcio Elohim Chalhuanca, integrado por Green Summit y Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales. La primera empresa fue creada en 2023, inflada con un bono de reconstrucción de 1983 sin respaldo real, y transferida por apenas 3 mil soles a un nuevo titular sin trayectoria ni grado académico. La segunda, Estremadoyro y Fassioli, carga con una deuda coactiva de más de 168 mil soles y el antecedente de una posta de salud en Arequipa paralizada desde 2022.
¿Dónde están las oficinas de estas compañías? Nadie lo sabe. Direcciones inexistentes, representantes que no contestan y capitales ficticios que permiten “aparecer solventes” para ganar contratos estatales. Se trata del mercado de las empresas cascarón, donde el cartón técnico se compra como si fuera cualquier trámite notarial.
El resultado es siempre el mismo: obras prometidas, poblaciones engañadas y constructoras que desaparecen tras cobrar los adelantos. La Contraloría confirma que el hospital avanza menos del 1%. Y si así están las cosas en Chalhuanca, ¿qué ocurre en las decenas de hospitales, postas y carreteras que permanecen paralizadas en todo el país?
La paradoja es evidente. Mientras las empresas se ríen del Estado y los terrenos se convierten en monumentos al abandono, la presidenta Boluarte viaja al extranjero, compra aviones de guerra, adquiere autos de lujo para generales y tira millones a Petroperú, una empresa quebrada que funciona como caja sin fondo. La salud, en cambio, se sigue inaugurando con piedras y discursos, nunca con ladrillos y médicos.
El Congreso tampoco aparece en escena. Ni una comisión de fiscalización activa, ni un debate de urgencia, ni una voz de control. El blindaje al Ejecutivo se extiende también a las constructoras, que operan con absoluta impunidad. En un país donde el 40% de patrulleros no funciona y EsSalud colapsa, ni siquiera la construcción de un hospital en el pueblo de la presidenta puede garantizarse. El desgobierno ya rebasó los límites: ni los contratistas parecen respetar a la máxima autoridad del país.
El hospital de Chalhuanca debía ser un símbolo de compromiso con la salud pública. Hoy es apenas un terreno baldío con un letrero y una promesa rota. Lo que debió servir para salvar vidas se ha convertido en una radiografía del colapso institucional: un Estado incapaz de fiscalizar, empresas creadas para licitar y autoridades que confunden anuncios con gestión.
Reflexión final
Cada obra inconclusa es un recordatorio de que el Perú vive atrapado en un ciclo de corrupción e indiferencia. El hospital de Chalhuanca no es solo el fracaso de un proyecto: es el reflejo de un país gobernado en piloto automático, donde los ciudadanos siguen esperando mientras los discursos inaugurales se acumulan. La primera piedra quedó sola, y con ella, la credibilidad de un gobierno que prometió no dejar nada inconcluso, pero que ya dejó inconcluso hasta su compromiso con la verdad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra