La crisis venezolana dejó hace tiempo de ser un asunto interno para convertirse en un problema regional y global. El reciente ataque de la Marina estadounidense a una embarcación con drogas procedente de Venezuela reabrió el debate: ¿puede Estados Unidos intervenir militarmente en un país convertido en refugio de mafias y centro de operaciones del narcotráfico? Donald Trump, al declarar a los grupos de narcotraficantes como terroristas, abrió la puerta legal para hacerlo. Y en el centro de todo, aparece el “cartel de los Soles”, con Nicolás Maduro y su cúpula señalados como líderes de esta red criminal.
El internacionalista Francisco Belaunde lo explicó con claridad: si se declara a los carteles como terroristas, EE.UU. ya no necesita detener ni procesar, puede atacar. Lo que antes era un operativo policial ahora puede convertirse en un bombardeo. Y el “cartel de los Soles” no es un rumor: múltiples informes de inteligencia lo ubican como un entramado de militares y políticos que usan bienes estatales para traficar drogas, armas, oro y hasta combustible. En pocas palabras, Venezuela dejó de ser un Estado fallido para transformarse en un narcoestado con asiento en la ONU.
La magnitud del problema va más allá de Caracas. El régimen de Maduro ya no es solo autoritario, es una maquinaria que ha hecho del crimen organizado un modelo de supervivencia. Las Fuerzas Armadas reciben prebendas para garantizar lealtad, mientras el país se hunde en hambre, migración masiva y colapso institucional. Millones de venezolanos han escapado en una diáspora sin precedentes en América Latina, mientras sus dirigentes reparten concesiones ilegales y protegen a mafias internacionales.
Desde el derecho internacional, una intervención militar tendría cuestionamientos. Pero lo que no tiene discusión es el carácter del régimen: un gobierno acusado de narcotráfico, de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de utilizar su territorio como plataforma del crimen transnacional. Maduro acusa a EE.UU. de codiciar petróleo y minerales, pero omite lo evidente: bajo su mandato, Venezuela pasó de ser potencia petrolera a paraíso del narcotráfico.
La pregunta no es si Venezuela es un narcoestado, sino cuánto tiempo más puede sostenerse como tal antes de que la región colapse. Colombia enfrenta flujos de droga desde la frontera, Guyana está bajo presión territorial y Perú ya vive la penetración del Tren de Aragua, brazo armado del crimen venezolano. Lo que ocurre en Caracas no se queda en Caracas: se expande, corrompe y destruye más allá de sus fronteras.
Reflexión final
El escenario es sombrío. Una eventual intervención militar de EE.UU. podría cambiar el tablero, pero también abrir una caja de Pandora para toda la región. Sin embargo, lo que no admite duda es que Venezuela dejó de ser un Estado democrático: es un régimen sostenido por la represión interna y por negocios criminales externos. La comunidad internacional debe decidir si seguirá tolerando esta farsa con himno y bandera, o si finalmente llamará las cosas por su nombre: un narcoestado que amenaza la estabilidad continental.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra