El asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en Lima, no es solo un crimen atroz: es la prueba más clara de que el Perú ya no pertenece a los peruanos, sino a las organizaciones criminales que operan con libertad en nuestras calles. Que un diplomático extranjero, que apenas llevaba cinco meses en el país, haya sido acribillado frente a su hogar en Lince, no solo es un hecho policial; es un mensaje internacional: el desgobierno peruano ha perdido el control y la criminalidad ha tomado la posta.
La escena es tan brutal como simbólica: Purba, de 40 años, llega en bicicleta a su edificio, su esposa lo espera en el lobby, y dos sicarios que habían aguardado pacientemente más de media hora lo ejecutan con tres disparos certeros. Una bala en la cabeza, dos más en órganos vitales. Precisión militar para un país que vive bajo la dictadura del sicariato.
El crimen no es un caso aislado. Es la continuidad de un patrón: asesinatos diarios, secuestros en aumento, extorsiones a comerciantes, cobro de cupos en obras públicas y transporte, y ahora, un asesinato con connotación diplomática. La diferencia es que esta vez el crimen no solo golpea al Perú: golpea también la imagen internacional del país. Un ex canciller advirtió que puede haber reacciones de Indonesia y de otros países, porque lo ocurrido no es solo una tragedia, es un escándalo diplomático.
El gobierno respondió con su libreto conocido: condolencias oficiales, promesas de “investigaciones exhaustivas” y compromisos de reforzar la seguridad de la familia. El canciller peruano se comunicó con su homólogo indonesio, Dina Boluarte ofreció sanciones ejemplares y el ministro del Interior aseguró que “fue un asesinato planificado”. Todo correcto en el papel, pero vacío en la práctica. Porque los peruanos ya conocemos la historia: discursos solemnes en la primera semana y silencio absoluto en la segunda. La pregunta no es si habrá justicia, sino cuánto demorará el olvido.
Lo que queda en evidencia es el piloto automático con el que se maneja el país. Mientras la presidenta y su gabinete sobreviven de calendario en calendario rumbo al 28 de julio de 2026, la delincuencia avanza como un Estado paralelo, imponiendo su propia ley. Un diplomático asesinado es apenas la punta del iceberg: lo que viene son más muertes, más extorsiones, más impunidad. Y lo más grave: un Perú que deja de ser percibido como destino seguro para el turismo, la inversión y ahora, incluso, para la diplomacia.
El asesinato de Zetro Leonardo Purba debería marcar un antes y un después. No es solo un funcionario extranjero asesinado: es la confirmación de que el Estado peruano ya no controla ni su capital, ni sus calles, ni sus fronteras. Si un diplomático protegido por la inmunidad internacional puede ser asesinado a plena luz del día, ¿qué queda para el ciudadano común que debe sobrevivir entre extorsionadores y sicarios?
Reflexión final
El crimen de Lince no solo enluta a una familia y a una embajada. Enluta la credibilidad del Perú. Somos un país donde los diplomáticos extranjeros caen bajo las balas del sicariato, donde las condolencias son más rápidas que la justicia y donde los discursos son más firmes que las acciones. La ironía es dolorosa: el Estado peruano promete llegar “hasta el fondo”, cuando ya hace tiempo tocamos fondo.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra