El gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a sorprender con sus prioridades. Mientras los hospitales se caen a pedazos, las escuelas siguen con techos de calamina y los policías se enfrentan al crimen organizado sin chalecos ni patrulleros, la presidenta anunció con entusiasmo la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón. No se trata de una broma, sino de una inversión de 500 millones de soles para albergar a dos mil reclusos. Una obra celebrada como “gran paso en la lucha contra la delincuencia”, aunque la delincuencia ya gobierna las calles.
La mandataria no tuvo reparo en firmar el convenio junto a los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa, destacando que la cárcel permitirá aislar a los delincuentes más peligrosos con vigilancia permanente. El detalle que omite es que, para cuando el penal esté listo, la población ya estará prisionera del miedo, la extorsión y la violencia que crecen cada día. ¿De qué sirve una cárcel de lujo si la policía que debería llevar a los delincuentes hasta allí carece de vehículos, armas y protección mínima?
El contraste es escandaloso. Se destinan 500 millones para una cárcel, 3,500 millones de dólares para aviones de guerra, 17 millones en vehículos de alta gama para generales, millones más para viajes presidenciales y un rescate sin fondo para Petroperú, una empresa quebrada. Pero no hay dinero para chalecos antibalas, para reparar los patrulleros que están fuera de servicio, para equipar hospitales sin medicinas, ni para atender a niños con anemia en colegios sin infraestructura ni maestros. La prioridad parece clara: asegurar cemento, fierro y contratos, no vidas humanas.
El gobierno insiste en que este penal será la respuesta al crimen organizado. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario: cada día se registran asesinatos, secuestros, cobros de cupos y atentados con explosivos. La minería ilegal y el narcotráfico avanzan sin freno, extendiendo sus redes como si nadie se interpusiera en el camino. Porque, en efecto, nadie lo hace. La policía está desarmada, los jueces desbordados y el Estado ausente.
Y mientras tanto, la salud pública agoniza. Los médicos anuncian huelgas indefinidas, los pacientes esperan meses por una cita que no llega, y los niños mueren en pasadizos de hospitales donde no hay ni un termómetro disponible. La educación no está mejor: aulas improvisadas, falta de docentes y una generación entera condenada a aprender con miedo y hambre. La agricultura, motor del país profundo, permanece abandonada a su suerte.
La construcción de un nuevo penal puede sonar a medida contundente, pero en el Perú actual es solo un símbolo de desconexión con la realidad. El gobierno invierte en muros y fierros, mientras ignora que la verdadera batalla se libra en los barrios, en las calles, en las escuelas y hospitales. Un Estado que no protege la vida, pero construye prisiones, confiesa sin palabras que ya se rindió ante el crimen y que solo espera llenarlas de reos… algún día.
Reflexión final
Dina Boluarte promete que con El Frontón los delincuentes estarán aislados. Lo que no dice es que, antes de llegar allí, esos delincuentes seguirán extorsionando, asesinando y gobernando territorios completos. Y lo harán en un país donde la presidenta no gobierna: solo sobrevive. Mientras los peruanos mueren en hospitales sin medicinas o en calles sin seguridad, el gobierno celebra contratos millonarios que no cambian la vida de nadie. Si esto no es un país en piloto automático rumbo al estrellato, ¿qué otra prueba necesitamos?
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra