En el Perú, la justicia ya no se mide en tribunales ni códigos, sino en la capacidad de influencia, contactos y blindajes políticos. La excarcelación de Betssy Chávez, la comparecencia libre de Martín Vizcarra y las condenas simbólicas de Alejandro Toledo son apenas la última escena de un drama repetido: cuando los poderosos caen, nunca se estrellan; siempre aterrizan sobre el mullido colchón de un sistema judicial complaciente.
El Tribunal Constitucional, en lugar de ser un bastión de la democracia, ha terminado convertido en el mejor estudio jurídico de los políticos de turno. Ordena la excarcelación de Betssy Chávez, no porque se haya demostrado su inocencia, sino porque —dicen los expertos— la prisión preventiva “no debe ser el fin del proceso”. En lenguaje llano: la cárcel no está hecha para ex premier, sino para el ladrón de celulares que no puede pagar un abogado.
Martín Vizcarra, por su parte, recibe la bendición judicial de viajar al extranjero con total libertad. Mientras tanto, miles de procesados comunes viven atados a firmas semanales y restricciones absurdas. ¿La diferencia? Vizcarra no representa al ciudadano promedio, sino al político promedio: alguien que sabe que la justicia se negocia como un contrato más.
Alejandro Toledo, símbolo de la corrupción millonaria, obtiene condenas que “se caían de maduras”, pero con beneficios previsibles. Su edad, sumada a un sistema penitenciario laxo, podría transformarlo de reo en turista de tribunales. Y es que la justicia peruana no es ciega: sabe perfectamente distinguir entre quien roba millones desde un ministerio y quien roba por hambre desde una esquina.
El problema no es que Chávez, Vizcarra o Toledo reciban garantías procesales: es que esas garantías nunca llegan a los ciudadanos de a pie. La justicia en el Perú es como un servicio premium: caro, exclusivo y reservado para quienes pueden pagarlo o manipularlo. Los políticos y ex presidentes no enfrentan procesos, los administran; no cumplen condenas, las negocian.
Y mientras tanto, el país real se hunde entre asesinatos, extorsiones y narcotráfico. La justicia, ocupada en liberar a expresidentes y ex ministros, no tiene tiempo ni presupuesto para enfrentar al crimen organizado. La paradoja es grotesca: los fiscales denuncian falta de recursos para operativos, pero los tribunales sí encuentran energía y celeridad para abrir la puerta de la cárcel a quienes más daño le hicieron al país.
Que no nos vendan el cuento de que la justicia funciona. Lo que funciona, y muy bien, es el blindaje político disfrazado de garantías constitucionales. Al ciudadano común le exigen respeto irrestricto a la ley; a los políticos, apenas un trámite.
Reflexión final
El Perú no solo vive un desgobierno; vive bajo un sistema judicial que legitima la impunidad de quienes destrozaron las instituciones. Hoy Betssy Chávez, Vizcarra y Toledo son prueba de que aquí delinquir desde el poder no es un error: es un privilegio. El mensaje es brutal y peligroso: la justicia no corrige a los políticos, los protege. Y mientras ese pacto siga vigente, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso donde la cárcel se reserva para los débiles y la impunidad, como un traje a medida, siempre será confeccionada para los poderosos.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra