El Consejo Fiscal ha puesto en palabras lo que millones de peruanos intuían: Dina Boluarte no gobierna, endeuda. El último informe advierte que el Ejecutivo ha perdido el control del gasto público y ha dejado al próximo gobierno una herencia envenenada: un descalabro financiero de proporciones históricas. A la crisis fiscal se suma un cóctel explosivo: el avance de bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal que acercan peligrosamente al Perú a la categoría de narcoestado.
El déficit fiscal ya bordea el 2.6% del PBI, superando la meta oficial de 2.2% y demostrando que el Ejecutivo no solo gasta más de lo que tiene, sino que además confía en proyecciones irreales de crecimiento económico【Expreso, 31/08/2025】. Lo que debería ser una corrección de rumbo se ha transformado en una estrategia de maquillaje: cifras infladas, presupuestos ficticios y una obsesión por patear los ajustes hacia adelante.
El problema no es solo contable: mientras se evaporan los ahorros públicos, el país real sangra. Las extorsiones ya forman parte de la contabilidad diaria de bodegueros, transportistas y empresarios; los secuestros son un mercado en expansión; el sicariato compite con los partes policiales; y los “cupos” se han convertido en un impuesto paralelo que recaudan las mafias con mayor eficiencia que la SUNAT.
A todo ello se suma la minería ilegal, financiada con mercurio mexicano y custodiada por grupos armados extranjeros, que deforesta bosques y desplaza comunidades. Y como si fuera poco, el narcotráfico avanza con fuerza, infiltrando instituciones y financiando campañas. La fotografía es brutal: un Estado en piloto automático, un gobierno en retirada y un país en proceso de convertirse en un narcoestado con fachada democrática.
Lo que se está jugando no es solo el equilibrio fiscal. Es la capacidad del Estado de garantizar gobernabilidad mínima. Un país que no controla sus finanzas no controla su futuro; y uno que pierde territorio frente a mafias no gobierna, apenas sobrevive. La paradoja es que mientras el Consejo Fiscal advierte del colapso, el Ejecutivo gasta en aviones de guerra, autos de lujo y viajes presidenciales. Un despropósito que bordea el cinismo.
El Congreso, socio estratégico de este desgobierno, permanece cómodo en su blindaje. Prefiere sostener a una presidenta impopular antes que enfrentar el costo político de nuevas elecciones. Así, ambos poderes se alimentan mutuamente de la inestabilidad: Boluarte asegura la supervivencia del Legislativo más desprestigiado de la historia, y el Parlamento le devuelve el favor con protección.
Dina Boluarte no solo dejará un país dividido y un Estado capturado por la criminalidad. Ha hipotecado el futuro financiero del Perú, trasladando el ajuste al próximo gobierno. Esa irresponsabilidad equivale a cargar sobre los hombros de un sucesor no solo el descalabro fiscal, sino también el desborde social que inevitablemente traerá el desgobierno.
Reflexión final
Cuando el Consejo Fiscal enciende las alarmas, no se trata de tecnicismos económicos: se trata de advertir que la casa está ardiendo. El próximo presidente no recibirá un país gobernable, sino un campo minado. La reconstrucción será tan urgente como dolorosa. Y mientras tanto, la lección es amarga: en el Perú, los gobiernos no administran recursos; hipotecan generaciones.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra