Las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, resonaron en Quito como un mazazo: “Maduro es un narcotraficante, un terrorista”. La acusación no solo es directa, sino que coloca al mandatario venezolano en la categoría más oscura de la política internacional: la de un jefe de Estado convertido en fugitivo de la justicia. Mientras buques de guerra norteamericanos se despliegan en el Caribe y organismos como el Congreso peruano se suman a declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista, el régimen chavista se encuentra cada vez más aislado y señalado. La pregunta ya no es si Maduro tiene aliados, sino cuántos están dispuestos a cargar con su peso.
La situación no es fruto de una conspiración externa, como repite el oficialismo en Caracas, sino de una acumulación de hechos. Bajo el amparo del chavismo, Venezuela ha pasado de ser un país petrolero a convertirse en plataforma del narcotráfico regional. El Cartel de los Soles, lejos de ser una invención extranjera, es un entramado de corrupción incrustado en las fuerzas armadas y en las más altas esferas del poder. Su vínculo con el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otras redes trasnacionales deja en claro que no se trata de acusaciones ligeras, sino de una estructura que socava la estabilidad democrática de varios países latinoamericanos.
La reciente operación militar de Estados Unidos contra una embarcación vinculada al Tren de Aragua —con la muerte de 11 presuntos integrantes— muestra que el conflicto ha rebasado las fronteras venezolanas. Amnistía Internacional exige transparencia y respeto al derecho internacional, y tiene razón: ninguna lucha contra el crimen debe justificar abusos. Pero no se puede obviar la raíz del problema: la existencia de un gobierno que, en lugar de proteger a su pueblo, ha permitido que el crimen organizado se convierta en parte de su ADN político y económico.
La oposición, representada por María Corina Machado, respalda la presión internacional como única vía para debilitar a lo que denomina “organización criminal” en el poder. Del otro lado, Diosdado Cabello responde con amenazas, reforzando la lógica de un régimen que confunde soberanía con impunidad. Maduro, mientras tanto, insiste en que el ataque estadounidense es la “más grande amenaza contra el continente” y amenaza con declarar la nación “en armas”. Pero ese discurso nacionalista no logra ocultar el verdadero drama: la miseria social, el éxodo masivo y la violencia cotidiana que han marcado la vida de millones de venezolanos bajo su mandato.
Nicolás Maduro ya no enfrenta únicamente la condena moral de la comunidad internacional, sino procesos judiciales, acusaciones de narcotráfico y la designación de su entorno como organización terrorista. Cada día que pasa, su figura se asemeja menos a la de un jefe de Estado y más a la de un capo político atrapado en una red de corrupción y violencia.
La crítica debe ser clara: mientras Venezuela siga gobernada por un régimen que hace del crimen organizado un instrumento de poder, ninguna iniciativa diplomática será suficiente. La presión internacional, aunque polémica, se vuelve inevitable cuando un Estado se convierte en refugio del narcotráfico y amenaza a la estabilidad regional. El futuro de Venezuela no se juega en los discursos de Maduro ni en sus gestos de desafío, sino en la capacidad de su pueblo y de la comunidad global de romper el círculo de impunidad que lo sostiene.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra