En el Perú, salir a la calle con un celular en la mano equivale a jugar a la ruleta rusa. Según el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (Renteseg), solo en el primer semestre del 2025 se reportaron 728,493 equipos robados a nivel nacional. La hora favorita de los delincuentes es precisa como reloj suizo: las 10 de la mañana. Mientras tanto, el Gobierno de Dina Boluarte sigue obsesionado con gastar en aviones de guerra, autos de lujo para generales y cortinas de humo como El Frontón, en lugar de invertir en chalecos antibalas, patrulleros o logística para la Policía. Así, la delincuencia avanza a paso firme, mientras el Estado se limita a dar recomendaciones como si fuera un manual de supervivencia urbana.
Las cifras son demoledoras: cada día miles de peruanos pierden no solo un teléfono, sino también su información personal, sus contactos, sus billeteras digitales, sus fotos y, en muchos casos, hasta su seguridad financiera. No es un robo cualquiera, es una puerta abierta a fraudes, suplantación de identidad y vaciado de cuentas bancarias.
Lo más irónico es que ya existe un patrón bien documentado por OSIPTEL: los robos ocurren principalmente entre las 10 y las 12 del día, y vuelven a repuntar a las 7 de la noche. Es decir, los delincuentes tienen un “horario laboral” mucho más eficiente que el propio Gobierno. Mientras ellos cumplen su cuota diaria de asaltos, el Estado cumple su cuota de excusas.
La vulnerabilidad es doble. Por un lado, los ciudadanos están indefensos en las calles, expuestos a asaltos cada vez más violentos. Por otro, están desprotegidos digitalmente: un celular robado puede convertirse en la llave de acceso a todas sus cuentas. Y en este escenario, ¿qué ofrece el Estado? Un discurso vacío, líneas telefónicas para “denunciar” y la misma policía sin chalecos ni patrulleros, enfrentando a bandas cada vez mejor armadas.
El contraste es indignante. Mientras millones se pierden en salvar a Petroperú, en viajes presidenciales o en cazas militares que jamás despegarán contra la delincuencia común, los peruanos deben resignarse a vivir en un país donde la seguridad se mide en robos por hora. No se trata solo de celulares: se trata de un Estado que ha renunciado a proteger a sus ciudadanos.
El robo de celulares es apenas la punta del iceberg de un país tomado por el crimen organizado. Hoy son equipos móviles, mañana son colegios extorsionados, empresas amenazadas y barrios enteros bajo control de bandas. Las cifras de Renteseg no son estadísticas frías: son la radiografía de un Estado en piloto automático, donde la seguridad ciudadana ocupa el último lugar en la agenda.
Reflexión final
El sarcasmo se escribe solo: los delincuentes saben a qué hora atacar y dónde, pero el Gobierno sigue sin saber cómo responder. Mientras tanto, los ciudadanos se convierten en su propia policía, su propio banco de seguridad y su propio sistema de defensa. La gran pregunta es cuánto tiempo más aceptaremos vivir en un país donde tener un celular en el bolsillo equivale a cargar una sentencia. Porque si el Estado no recupera el control, no solo perderemos los teléfonos: perderemos el país entero.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra