En otros países, un político acusado de intentar quebrar el orden democrático quedaría fuera de la vida pública y marcado como una advertencia histórica. En el Perú, en cambio, el Tribunal Constitucional abre la puerta para que Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros y procesada por su rol en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, pueda volver a caminar los pasillos del Congreso… como trabajadora. Lo que debería sonar a sátira política aquí se convierte en rutina institucional.
Porque si algo ha demostrado la política peruana es que no existe fondo. Siempre hay espacio para descender un poco más.
El caso Chávez no es un hecho aislado; es la confirmación de que el Congreso de la República ha normalizado la impunidad como cultura política. La exministra, que hace menos de tres años protagonizaba las horas más oscuras de la crisis institucional, podría integrarse hoy a la nómina parlamentaria como si nada hubiese pasado. Una paradoja que retrata al Parlamento: la institución más desprestigiada del país abriendo sus puertas a quienes representan la negación misma de la democracia.
Mientras tanto, los peruanos enfrentan a diario extorsiones, secuestros y asesinatos en un país controlado por bandas criminales. En ese escenario, el Congreso se da el lujo de jugar a la contratación de personajes cuestionados, como si su prioridad fuera darle empleo a los procesados antes que dar seguridad a los ciudadanos.
El problema va más allá de una exministra que podría conseguir trabajo en el Legislativo. Lo grave es el mensaje: la política peruana ya no se mide por la idoneidad o la ética, sino por la capacidad de sobrevivir en un ecosistema donde la sospecha se ha vuelto norma.
Hoy se habla de Betssy Chávez, pero la puerta está abierta para que mañana otros exmandatarios procesados –Vizcarra, Toledo, Humala o incluso Castillo– encuentren un escritorio en el Congreso. Y, a este paso, tampoco sorprendería que terminen presidiendo comisiones de ética o integrando grupos de “lucha anticorrupción”. La ironía se escribe sola.
El regreso laboral de una exministra acusada de socavar la democracia dentro del propio Congreso sería un despropósito histórico. No solo porque erosiona aún más la poca credibilidad de la política peruana, sino porque transforma al Parlamento en un refugio donde los procesados buscan legitimidad bajo la sombra de la inmunidad.
Reflexión final
El verdadero peligro no es que Betssy Chávez consiga un cargo en el Congreso. El verdadero peligro es que la ciudadanía, hastiada y resignada, termine aceptando que así funciona la política peruana. Porque cuando la indignación se convierte en apatía y el rechazo se vuelve costumbre, la democracia deja de ser un proyecto de futuro para convertirse en la caricatura de un país que normaliza lo inaceptable.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra