El último escándalo no lo protagonizó un ministro que se contradice ni un congreso que se protege entre sí, sino nada menos que la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin). Hackeada, expuesta y ridiculizada, su vulnerabilidad quedó al desnudo: documentos confidenciales, estrategias de protección a favor de Dina Boluarte y hasta reglajes a periodistas fueron difundidos en un canal de Telegram por el grupo Deface Perú. Lo que en cualquier democracia hubiera significado renuncias inmediatas —incluida la de la presidenta— en el Perú apenas se convierte en una vergüenza nacional más, sumada al largo prontuario de un Estado que ha hecho de la impunidad su sistema operativo.
El portal La Encerrona reveló el alcance del hackeo: informes de contrainteligencia, seguimientos a periodistas como Marco Sifuentes y al semanario Hildebrandt en sus trece, reportes sobre jueces y fiscales que investigaban casos como Odebrecht, OAS o Chinchero, y un siniestro hábito de calificar a la prensa crítica como una “amenaza para el orden constitucional”. En otras palabras, la Dirin no se dedicaba solo a combatir el crimen organizado, sino también a vigilar a quienes incomodaban al poder.
La cereza del pastel: la policía tenía conocimiento, desde 2022, de las amenazas contra el periodista Gastón Medina, asesinado este año. Sabían, registraban y, sin embargo, no hicieron nada. La inteligencia que debía anticipar delitos y proteger vidas se convirtió en un archivo pasivo, útil únicamente para espiar opositores.
Y mientras todo esto se descubría, la Dirin se apresuró a confirmar lo obvio: sí fueron hackeados. Lo curioso es que, pese a haber licitado servicios de ciberseguridad por más de siete millones de soles, bastó un ataque de hackers locales para desnudar al aparato de inteligencia del Estado. Es como invertir millones en cerraduras de última generación y descubrir que la puerta nunca tuvo marco.
Lo más grave es lo que esto implica para la institucionalidad. Si los periodistas son tratados como enemigos internos, si la inteligencia policial se convierte en un instrumento para cuidar la imagen de Boluarte y no para combatir al crimen, entonces el país ya no solo enfrenta la violencia de sicarios y extorsionadores: enfrenta un Estado que desconfía de sus propios ciudadanos y que persigue la verdad como si fuera delito.
En otros países, un episodio así bastaría para que caigan cabezas en cadena. Aquí, en cambio, reina el silencio. Dina Boluarte sobrevive con el blindaje del Congreso y del Tribunal Constitucional, y ahora también con la complicidad de una inteligencia policial incapaz de proteger sus propios servidores, pero dispuesta a espiar periodistas. El país se convierte en un teatro del absurdo: el crimen organizado domina las calles, mientras la inteligencia se dedica a reglajes y a justificar su ineficiencia con comunicados burocráticos.
Reflexión final
El hackeo a la Dirin no solo es un fallo tecnológico, es un síntoma político. El Perú vive en piloto automático, con una presidenta que se aferra al poder hasta el 28 de julio de 2026 y con instituciones que han perdido su razón de ser. La inteligencia, que debería garantizar seguridad y Estado de derecho, se ha transformado en una herramienta de vigilancia política. Y lo peor: cuando el Estado vigila a los periodistas en lugar de proteger a los ciudadanos, no solo se hackea un servidor, se hackea la democracia misma.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra