La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hablado claro: el Perú debe abstenerse de aplicar la Ley N.º 32419, esa “amnistía exprés” que pretende borrar con tinta lo que se escribió con sangre en Barrios Altos y La Cantuta. Pero el Gobierno de Dina Boluarte responde con soberbia: desconoce la resolución, reivindica una “soberanía selectiva” y amenaza con retirar al país del sistema interamericano. No es valentía, es desesperación. Porque detrás de la retórica patriótica se esconde un objetivo evidente: blindar a quienes deberían responder ante la justicia.
Boluarte ha dejado de fingir. Nunca tuvo plan de gobierno, nunca mostró voluntad política de enfrentar la corrupción o el crimen organizado, y ahora tampoco pretende respetar compromisos internacionales. Su apuesta es otra: sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026, aunque eso implique arrastrar al Perú hacia el descrédito internacional y el retroceso moral.
La Corte IDH no improvisa. Desde hace más de dos décadas dejó claro que las leyes de amnistía en casos de violaciones de derechos humanos son ilegales. Pero en el Perú se insiste en legislar la impunidad con el argumento del “honor a las Fuerzas Armadas”. Un honor que, según el Gobierno, se construye negando la memoria de las víctimas y legitimando ejecuciones, desapariciones y torturas. Lo que no dicen es que esta ley no busca justicia histórica, sino blindajes políticos en el presente.
Lo grotesco no está solo en la norma, sino en la respuesta oficial. Desde Palacio se afirma que el fallo de la Corte es “inaceptable”, que el Perú es soberano y que nadie puede dictarle qué hacer. Curiosa concepción de soberanía: el mismo Estado que mendiga préstamos internacionales, que pierde control del gasto público y que permite que el crimen organizado gobierne barrios enteros, se declara ahora fuerte y autónomo frente a la justicia internacional. Un acto de rebeldía de papel, útil únicamente para ganar tiempo y sostener una fachada de autoridad.
Mientras tanto, la realidad avanza implacable: la minería ilegal devora la Amazonía, el narcotráfico penetra regiones completas, los fiscales denuncian falta de presupuesto para investigar y las calles se convierten en territorio del crimen. Pero la prioridad en Palacio no es enfrentar ese colapso, sino garantizar que procesados e investigados por violaciones de derechos humanos puedan dormir tranquilos.
La Corte IDH ha recordado al Perú que la justicia no se negocia, ni se posterga, ni se maquilla. Pero la respuesta de Boluarte y del Congreso es unánime: blindar primero, gobernar después. Se confirma así que el país no está en piloto automático: está en caída libre, conducido por un Ejecutivo que desafía al derecho internacional y por un Legislativo que actúa como cómplice entusiasta.
Reflexión final
El Perú se encuentra en una encrucijada peligrosa. Puede acatar las resoluciones internacionales, cumplir con sus compromisos y avanzar hacia un Estado de derecho real. O puede seguir por la ruta de la impunidad, aislándose del sistema interamericano y entregando a las víctimas de ayer y de hoy al olvido. Lo que está en juego no es una ley más: es la dignidad del país. Y cada día que Boluarte y el Congreso insisten en este camino, lo único que hacen es enterrar al Perú en el lado equivocado de la historia.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra