Una vez más, los organismos que deberían velar por nuestra seguridad se encienden solo cuando ya hay humo. Esta vez, Indecopi y Digemid alertaron sobre la crema facial BACC (día y noche, pote de 60 gramos, lote 202210X, fabricada en China), retirada del mercado por superar los límites microbiológicos permitidos. La noticia se presenta como un logro de vigilancia sanitaria, pero lo cierto es que la reacción llega después, cuando el producto ya circuló, ya se vendió y, probablemente, ya se aplicó en los rostros de cientos de peruanos.
El procedimiento fue claro: Digemid realizó la prueba, el producto no cumplió los parámetros y se ordenó su retiro inmediato. Indecopi publicó la alerta de consumo, recomendando a los ciudadanos suspender su uso y a las farmacias y tiendas retirar cualquier unidad. El protocolo está bien diseñado, pero se activa siempre en la última etapa de la cadena.
La pregunta es inevitable: ¿por qué un lote como el de la crema BACC llega a góndolas antes de ser detectado? ¿Dónde estuvo el control en frontera, en aduanas, en almacenes y en los puntos de venta? Las entidades parecen dedicadas a certificar los daños en lugar de evitarlos. Y los consumidores quedan convertidos en conejillos de indias, expuestos a bacterias y riesgos en un producto que debería ser, por definición, seguro.
El problema no es un caso aislado. El modelo regulatorio peruano funciona como una alarma defectuosa: suena después del incendio. Basta recordar otros productos cosméticos y alimenticios que fueron retirados tras escándalos mediáticos, nunca antes. Así, Digemid e Indecopi no se consolidan como guardianes preventivos, sino como notarios de la desgracia.
Mientras tanto, la industria se beneficia de la laxitud. Importadores y distribuidores ponen en estante lo que sea rentable, confiados en que, si algo falla, el Estado reaccionará tarde y la sanción será apenas un costo asumible. Y mientras las autoridades se limitan a sus comunicados, los consumidores deben cruzar los dedos para que la próxima crema, champú o suplemento no contenga sorpresas indeseadas.
La alerta sobre la crema BACC no debería ser presentada como una victoria institucional, sino como un recordatorio del fracaso preventivo. El sistema de vigilancia debe garantizar que un producto inseguro nunca llegue a manos del consumidor, no simplemente retirarlo cuando el daño ya está en marcha. Si la protección ciudadana se resume en “esperar a que falle y luego informar”, entonces la confianza en las autoridades seguirá erosionándose.
Reflexión final
Un país serio no permite que su población sea la fase de prueba de cosméticos importados. La ética regulatoria se mide en prevención, no en comunicados tardíos. Indecopi y Digemid deben dejar de ser organismos que reaccionan bajo presión mediática y convertirse en instituciones que anticipan riesgos. La piel de los peruanos no necesita alertas después, necesita garantías antes. Mientras eso no ocurra, seguiremos recibiendo el mismo mensaje disfrazado de protección: “use con cuidado, porque ya es demasiado tarde”.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra