En el país donde los hospitales públicos carecen de gasas, camas y medicinas, el Congreso decidió blindar lo único que parece importarle: su propia salud. Según reveló Panorama, el Parlamento destinó S/ 9.5 millones del dinero de todos los peruanos para contratar un seguro médico de lujo para sus 130 congresistas y sus familias, con acceso a clínicas privadas e incluso atenciones en el extranjero. Mientras el pueblo hace colas de madrugada para conseguir una cita en el SIS, los legisladores disfrutan de resonancias en clínicas de élite y segundas opiniones médicas en Estados Unidos. No es un chiste: es la nueva normalidad en la política peruana.
El contraste es insultante. Mientras el presupuesto en salud pública se estira como frazada corta, el Congreso aumentó su gasto en seguros de S/ 7.4 millones en 2024 a S/ 9.5 millones en 2025. Un salto de más de dos millones en apenas un año, adjudicado directamente a la aseguradora Rímac, sin licitación ni competencia. Como si los fondos fueran propios y no de los contribuyentes.
El plan contratado es un “todo incluido”. Cubre partos, cesáreas, emergencias, operaciones de alta complejidad, hospitalizaciones y tratamientos en clínicas como la Angloamericana, San Felipe o Delgado, inaccesibles para la mayoría de peruanos. Y la cobertura se extiende a cónyuges, hijos y hasta padres de los congresistas. Un ejemplo lo ofreció la congresista Maricarmen Alva: “Yo tengo tres hijos, mi esposo, mi mamá y mi hija que tiene 24 años”. Es decir, cinco beneficiarios adicionales en una sola póliza, todos financiados por el erario público.
El cálculo es demoledor: cada congresista recibe un beneficio que supera los 30 mil soles anuales por persona, algo que la mayoría de peruanos jamás podría pagar en el sistema privado. Y mientras tanto, en los hospitales estatales, los médicos denuncian que no hay presupuesto ni para comprar analgésicos básicos o reactivos de laboratorio.
Lo peor es la naturalidad con la que se justifica este privilegio. Consultados por el reportaje, algunos parlamentarios balbucearon excusas, otros recurrieron a frases prefabricadas: “es el seguro, está establecido” o “la salud no tiene precio”. La salud, en efecto, no tiene precio, pero sí tiene factura: la que pagan millones de peruanos con sus impuestos, para sostener a políticos que legislan poco y gastan mucho.
No se trata solo de un privilegio inmoral, sino de una distorsión política peligrosa. Porque mientras los congresistas blindan su salud en primera clase, dejan a la deriva a un sistema de salud pública que atiende al 70% de la población. El Congreso se convierte así en un microcosmos de la desigualdad: dentro, cobertura premium; fuera, colas interminables y pacientes que deben elegir entre comprar medicinas o comer.
Este episodio desnuda una verdad incómoda: la política peruana se ha convertido en un sistema de privilegios garantizados para los que gobiernan y de abandono para los que votan. Los congresistas no sienten la urgencia de reformar el sistema de salud porque nunca lo usan; su seguridad está asegurada en clínicas privadas, mientras el pueblo muere en pasillos hospitalarios.
Reflexión final
El Congreso no solo legisla a espaldas del pueblo: también se asegura contra los males que ellos mismos perpetúan. Mientras los ciudadanos financian con impuestos un seguro “cinco estrellas” para sus representantes, son condenados a sobrevivir con un sistema de salud en ruinas. La brecha entre gobernantes y gobernados nunca fue tan evidente: unos viajan con seguro internacional, los otros mueren esperando una cita en el SIS. Y así, mientras el Congreso goza de buena salud, la democracia peruana agoniza en cuidados intensivos.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra